Bukele recortó la planilla pública, pero aumentó un 71 % el número de empleados que ganan $2.000 o más
Los registros de Hacienda muestran que el Gobierno central terminó 2025 con 4.606 empleados menos que en 2019, pero los trabajadores en el rango salarial de $2,000 o más aumentaron de 6,150 a 10,526 en cinco años. Mientras tanto, el presupuesto de remuneraciones previsto para 2026 supera en $541,9 millones al de 2019
La reducción del número total de empleados públicos durante la administración de Nayib Bukele no se ha traducido en una disminución equivalente del gasto estatal en salarios. Los registros de recursos humanos del Ministerio de Hacienda muestran que, aunque el Gobierno central cerró 2025 con menos empleados que al inicio de la actual gestión, aumentó de forma considerable la cantidad de trabajadores ubicados en los rangos salariales más altos.
El contraste aparece en tres indicadores: el número total de empleados registrados, la evolución de quienes reciben al menos 2,000 dólares mensuales y el presupuesto destinado a remuneraciones.
Según los datos de Hacienda, el Gobierno central pasó de 168,941 empleados en 2019 a 164,335 en 2025, una reducción de 4,606 personas, equivalente al 2,7 %. Sin embargo, durante ese mismo período, el número de trabajadores con salarios de 2,000 dólares o más pasó de 6,150 a 10,526, de acuerdo con los registros salariales disponibles hasta 2024.
La comparación plantea una pregunta sobre la composición de la planilla estatal: cómo ha evolucionado el gasto en personal si el número total de empleados disminuyó, pero creció el grupo de trabajadores con remuneraciones elevadas.
Más empleados en el rango salarial alto
En 2019, al cierre del último año del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Hacienda contabilizó 6,150 empleados del Gobierno central con salarios de al menos 2,000 dólares mensuales. Para 2020, la cifra había aumentado a 7,590, pese a que el total de empleados registrados descendió durante el primer año de la pandemia.
En 2023, el número llegó a 9,535 y en 2024 subió a 10,526. Es decir, en cinco años se incorporaron 4,376 personas a ese rango salarial, un incremento del 71,2 % respecto de 2019. Solo entre 2023 y 2024, el aumento fue de 991 trabajadores, según la información de Hacienda publicada.
Es importante precisar que esta estadística agrupa a los empleados por nivel de salario, no exclusivamente por cargo. Por tanto, no puede afirmarse que los 10,526 sean todos ejecutivos o altos funcionarios. La categoría comprende a trabajadores que perciben 2,000 dólares o más, independientemente de que su puesto sea directivo, técnico o de otra naturaleza.
La evolución resulta relevante porque se produjo incluso durante un período de reducción de personal. Entre 2023 y 2024, el Gobierno central eliminó o dejó de registrar más de 14,000 empleados, según los datos divulgados por el mismo medio, pero el grupo con salarios de 2,000 dólares o más no disminuyó: aumentó.
La información pública permite constatar el cambio en la distribución salarial, pero no explica por sí sola sus causas. Para determinar si responde a contrataciones de nuevos funcionarios, promociones, cambios de escala salarial, reorganizaciones institucionales u otros factores, sería necesario disponer de datos individualizados por cargo, institución, fecha de contratación y remuneración.
La masa salarial presupuestada sigue creciendo
El segundo indicador es el presupuesto destinado a remuneraciones públicas.
El presupuesto de 2019 contempló aproximadamente 1,915,8 millones de dólares para pagar salarios del sector público. Para 2026, el Ministerio de Hacienda proyectó 2,457,7 millones de dólares en remuneraciones. La diferencia asciende a 541,9 millones, un aumento nominal del 28,3 %.
La comparación muestra que el gasto presupuestado para remuneraciones es considerablemente mayor que al comienzo de la administración Bukele. Sin embargo, las cifras corresponden a presupuestos autorizados o proyectados, no necesariamente al dinero efectivamente ejecutado al cierre de cada ejercicio. Tampoco deben confundirse con el gasto exclusivo del Gobierno central, ya que la cobertura institucional de los agregados presupuestarios puede variar.
Además, el aumento nominal no equivale automáticamente a un incremento real de la misma magnitud. Para calcular cuánto creció el gasto después de descontar la inflación sería necesario utilizar una serie homogénea y aplicar el índice de precios correspondiente.
Aun con esas salvedades, el crecimiento presupuestario plantea un reto para la política fiscal: el gasto en salarios es recurrente y compite con otras necesidades del Estado, como inversión pública, medicamentos, mantenimiento de escuelas y hospitales y servicio de la deuda.
Una planilla distinta, con más trabajadores recientes
Otra estadística de Hacienda ayuda a entender cómo ha cambiado la composición del empleo público. En 2019, el Gobierno central registraba 28,128 trabajadores con entre cero y cinco años de servicio. Para 2025, el grupo había aumentado a 47,113, un incremento de 18,985 personas, equivalente a aproximadamente el 67,5 %. La cifra de 2025 representa el 28,7 % de los 164,335 empleados registrados ese año.
El dato no significa que el Gobierno haya contratado exactamente a 18,985 personas adicionales y mantenido a todas las demás. Se trata de una categoría de antigüedad que cambia cada año: entran nuevos empleados, otros pasan al siguiente tramo de servicio y algunos dejan sus puestos. Pero sí evidencia una mayor presencia relativa de trabajadores con menor antigüedad en el registro estatal.
En sentido contrario, los empleados con seis años o más de servicio pasaron de 140,803 en 2019 a 117,222 en 2025, una reducción de 23,581 personas. Los datos no identifican por sí solos cuántas salidas correspondieron a despidos, jubilaciones, renuncias o cambios administrativos.
La combinación de ambas tendencias apunta a una renovación importante de la plantilla, pero no permite concluir sin información adicional que cada salida haya sido sustituida por una contratación ni que exista una relación directa entre los nuevos empleados y el aumento del rango salarial alto.
El antecedente del FMLN
La expansión del empleo estatal no comenzó con Bukele. Durante los gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, también aumentó la cantidad de plazas públicas.
Un análisis de FUSADES sobre el presupuesto de 2019 calculó 37,118 plazas adicionales entre 2008 y 2019, bajo una metodología que excluyó la incorporación a la planilla estatal de aproximadamente 8,000 docentes que antes trabajaban mediante contratos de servicios. La fundación también señaló un aumento en el costo promedio de los salarios públicos durante ese período.
Ese antecedente es relevante para el debate fiscal, pero no sustituye la evaluación de los resultados de la actual administración. La pregunta central es si los cambios realizados desde 2019 han permitido reducir de manera sostenible el costo de la burocracia, mejorar la eficiencia administrativa y proteger los servicios esenciales.
En 2020, el presupuesto de remuneraciones ya había superado los 2,000 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas. El presupuesto de 2021 proyectaba un aumento adicional frente a 2019. La trayectoria posterior confirma que el gasto salarial debe analizarse como una tendencia de varios años y no como el resultado de un solo ejercicio.
La austeridad y las preguntas pendientes
El Gobierno ha defendido las medidas de contención del gasto como parte de su estrategia de ordenamiento fiscal. En el proyecto presupuestario de 2026, Hacienda anunció la suspensión de incrementos salariales para funcionarios y empleados públicos, así como de la creación de nuevas plazas en distintas instituciones estatales.
No obstante, la evolución del número de empleados y de los rangos salariales muestra que la austeridad no puede evaluarse únicamente contando los puestos eliminados. También debe examinarse el monto total de las remuneraciones, los niveles salariales, las instituciones que concentran las plazas y los resultados de los servicios financiados con esos recursos.
Para realizar una auditoría pública más completa, el Gobierno tendría que facilitar series comparables que identifiquen, por institución, las plazas autorizadas, las ocupadas y las vacantes; el costo de los salarios y prestaciones; las contrataciones y salidas de personal; y la distribución de los empleados por cargo y nivel de remuneración.
La información disponible no demuestra por sí sola que el aumento del grupo salarial de 2,000 dólares o más responda a favoritismo político o a contrataciones injustificadas. Sí documenta, sin embargo, que el grupo creció mientras se reducía el total de empleados registrados y que el presupuesto de remuneraciones previsto para 2026 es mayor que el de 2019.
La cuestión fiscal de fondo es si el Estado salvadoreño está gastando más en una planilla mejor organizada y más eficiente, o si la reducción del número de empleados oculta una redistribución hacia salarios más altos. Los datos públicos permiten plantear la pregunta; responderla de manera concluyente exige transparencia sobre cargos, remuneraciones, contrataciones y resultados institucionales.
