La economía ha desplazado a la violencia como principal preocupación de los salvadoreños
El costo de la vida, los alimentos, el empleo y la pérdida de poder adquisitivo se convierten en el nuevo frente de presión para el Gobierno de Nayib Bukele
La seguridad continúa siendo el principal logro que los salvadoreños atribuyen al Gobierno de Nayib Bukele, pero cuando se les pregunta por los problemas que más afectan al país y por los principales fracasos de la administración, la economía ha pasado a ocupar el centro de la conversación.
El cambio no significa que la población haya dejado de valorar la reducción de la violencia. De hecho, el 77.4 % de los consultados por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en una encuesta realizada en mayo de 2026, identificó la seguridad como el principal logro gubernamental.
Pero el mismo estudio muestra la otra cara de la percepción ciudadana: 37.3 % señaló la economía como el principal fracaso del Gobierno, seguida por el alto costo de la vida y la inflación, con 15.3 %; el desempleo, con 12.4 %, y la pobreza, con 5.7 %.
La fotografía resulta particularmente significativa porque muestra que las dos percepciones pueden coexistir: el Gobierno conserva una elevada valoración por la seguridad, mientras aumenta la presión ciudadana por la situación económica.
Del miedo a las pandillas al miedo a no llegar a fin de mes
Durante buena parte de los primeros años del Gobierno de Bukele, la seguridad dominó la conversación pública. La caída de los homicidios, el debilitamiento de las estructuras de pandillas y la mayor libertad para movilizarse modificaron la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
Esa transformación continúa siendo reconocida por los ciudadanos.
Sin embargo, la mejora de la seguridad no elimina automáticamente otros problemas. Para una familia que ya no tiene el mismo temor de salir a trabajar o utilizar el transporte público, el problema puede trasladarse a otro terreno: cuánto cuesta alimentarse, cuánto se paga por transporte, cuánto queda después de pagar vivienda y servicios y cuánto dinero puede destinarse a educación, salud o ahorro.
Ese desplazamiento de prioridades aparece en los estudios de opinión.
En enero de 2026, el IUDOP encontró que 44.9 % de los salvadoreños identificaba el alto costo de la vida y el desempleo como el principal problema del país, mientras la seguridad continuaba siendo el ámbito mejor evaluado. El mismo estudio registró que 63.8 % consideraba que el costo de la vida había aumentado durante 2025.
La conclusión que emerge de ambos sondeos no es que la población haya dejado de valorar la política de seguridad, sino que la seguridad ya no es suficiente para explicar por sí sola la experiencia económica de los hogares.
El precio que paga una familia por mantener el mismo nivel de vida
Los números ayudan a dimensionar el problema.
La inflación interanual de El Salvador alcanzó 3.19 % en agosto de 2026, su nivel más alto desde julio de 2023. El Índice de Precios al Consumidor llegó a 134.99 puntos, frente a 130.81 en agosto de 2025.
Pero la inflación general no necesariamente refleja lo que siente cada familia.
Los precios de los bienes que un hogar compra con mayor frecuencia pueden aumentar mucho más que el promedio. En agosto, por ejemplo, el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una inflación interanual de 3.65 %, mientras transporte alcanzó 8.23 %.
Y el efecto acumulado es más importante que una cifra aislada.
La Canasta Básica Alimentaria urbana llegó a $261.48 en julio, casi $11 más que al comenzar 2026 y uno de sus valores más elevados desde que existen los registros actuales. La Canasta Básica Ampliada urbana alcanzó $522.96 ese mismo mes.
Para una familia, esto significa que conservar el mismo nivel de consumo requiere cada vez más ingresos.
El salario no siempre acompaña el costo de la vida
La brecha resulta todavía más evidente cuando se compara el costo de las necesidades básicas con los ingresos laborales.
Según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025 citados a partir de la ONEC y el BCR, el ingreso laboral mensual promedio era de $437.39, mientras que la Canasta Básica Ampliada llegó a $519.90 en junio y posteriormente a $522.96 en julio.
El problema es aún mayor para determinados grupos ocupacionales.
Los trabajadores no calificados tenían un ingreso promedio de $303.96 mensuales; agricultores y trabajadores agropecuarios, $353.97; trabajadores de servicios y ventas, $364.69, y operarios y artesanos, $406.42.
El salario mínimo vigente para comercio, industria y servicios es de $408.80, mientras que el costo de la Canasta Básica Ampliada urbana llegó a $522.96 en julio. La diferencia supera los $114 mensuales.
Esto no significa que una persona que recibe un salario mínimo necesariamente viva en pobreza, porque la medición oficial considera el ingreso per cápita del hogar y otras variables. Pero sí muestra la presión que enfrenta un trabajador cuando un único salario debe sostener a varios integrantes de una familia.
Casi medio millón de hogares no podía cubrir la canasta ampliada
La presión sobre los ingresos tampoco es únicamente una percepción.
Los datos de la EHPM 2025 indican que 459,111 hogares, equivalentes al 22.5 % del total, no tenían capacidad para cubrir la Canasta Básica Ampliada. Esa cifra incluye hogares en pobreza extrema y relativa.
La pobreza monetaria, sin embargo, registró una reducción en 2025.
El BCR reportó 1,546,801 personas en situación de pobreza monetaria, frente a 1,809,206 en 2024, una disminución de 262,405 personas. La pobreza pasó a representar el 22.5 % de los hogares; en el área rural fue 24.8 % y en el área urbana 21.1 %.
Es un dato que obliga a evitar conclusiones simplistas: El Salvador no está registrando actualmente una expansión estadística de la pobreza monetaria; por el contrario, el indicador oficial mejoró en 2025.
El problema es diferente: una parte importante de los hogares continúa siendo vulnerable ante cualquier aumento de precios, pérdida de empleo, enfermedad, reducción de remesas o incremento de los costos de vivienda y transporte.
La clase media, entre la estabilidad y la vulnerabilidad
Es precisamente en ese espacio donde aparece uno de los mayores riesgos económicos: la vulnerabilidad de los hogares que no son pobres según las estadísticas, pero que tampoco cuentan con suficiente margen financiero para absorber un shock.
El Banco Mundial ha advertido que la calidad del empleo es determinante para consolidar una clase media estable en El Salvador. El organismo identifica problemas estructurales relacionados con informalidad, baja productividad y precariedad laboral, y señala que las redes de apoyo —incluidas las remesas— tienen un papel importante para evitar que determinados hogares caigan en pobreza.
En otras palabras, una familia puede estar por encima de la línea oficial de pobreza y, sin embargo, encontrarse financieramente expuesta.
Un aumento de alimentos, combustibles, alquiler, servicios, matrícula escolar o gastos médicos puede obligarla a reducir consumo, utilizar ahorros, endeudarse, recurrir a familiares o aceptar empleos adicionales.
El fenómeno ya aparece en las encuestas.
Durante el segundo trimestre de 2026, una investigación de la Universidad de El Salvador encontró que 78.5 % de los participantes percibió aumentos pronunciados de precios y que 71.2 % había reducido gastos en productos o servicios básicos durante el último año.
Solo 22.9 % consideró que sus ingresos eran suficientes para cubrir sus gastos básicos, frente a 48 % que respondió que no lo eran. Además, 74.9 % afirmó que no existen suficientes oportunidades de empleo en el país.
La contradicción de una economía que crece y hogares que sienten presión
El cuadro económico tampoco es exclusivamente negativo.
El PIB salvadoreño creció 4.79 % durante el primer trimestre de 2026, según el Banco Central de Reserva. La construcción aumentó 13.45 %, mientras transporte y almacenamiento avanzó 7.64 %.
La paradoja es que el crecimiento macroeconómico no necesariamente se traduce con la misma velocidad en una mejora del ingreso disponible de todos los hogares.
La agricultura, por ejemplo, registró una contracción de 0.75 % durante el primer trimestre, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por EFE.
El Banco Mundial proyecta que la economía salvadoreña crecerá alrededor de 3.2 % en 2026, después de un crecimiento estimado de 3.9 % en 2025. El organismo también advierte sobre la dependencia del consumo financiado por remesas y las limitaciones relacionadas con la calidad del empleo y la productividad.
Por ello, crecimiento económico y bienestar familiar no deben utilizarse como sinónimos.
El límite de la comunicación política está en el supermercado
El Gobierno de Bukele ha construido buena parte de su comunicación política alrededor de la transformación de la seguridad, la reducción de la violencia, el turismo, la infraestructura, la tecnología y la imagen internacional de El Salvador.
Esos mensajes continúan teniendo impacto.
La encuesta del IUDOP de mayo de 2026 otorgó al presidente una calificación promedio de 8.24 sobre 10, y 87.8 % de los encuestados calificó su gestión como muy buena o buena. La seguridad, además, fue señalada por 77.4 % como el principal logro gubernamental.
Por eso no resulta riguroso afirmar que la comunicación gubernamental haya dejado de influir en la población.
Lo que sí parece estar cambiando es el límite de esa narrativa frente a la experiencia cotidiana.
Una campaña política puede presentar cifras de crecimiento, nuevas obras o una imagen internacional renovada. Pero el ciudadano enfrenta otra medición todos los días: el precio del arroz, los frijoles, los huevos, la carne, el combustible, el transporte, el alquiler y los servicios.
En esa economía doméstica se produce una evaluación mucho más directa del poder adquisitivo.
La pregunta que comienza a dominar el debate
El desafío económico para el Gobierno no consiste únicamente en mantener el crecimiento del PIB.
La cuestión central es si ese crecimiento puede traducirse en empleos mejor remunerados, mayor productividad, reducción de la informalidad y un aumento sostenido del ingreso real de los hogares.
El propio Banco Mundial señala que el empleo y los ingresos laborales han sido determinantes para la reducción de la pobreza en El Salvador y que conseguir un empleo incrementa tanto la posibilidad de salir de la pobreza como la de ingresar a la clase media.
Mientras tanto, las familias están ajustando sus decisiones.
Menos consumo de alimentos considerados secundarios, menos compras de bienes duraderos, mayor dependencia de promociones, uso de crédito, reducción del ahorro y búsqueda de ingresos adicionales son mecanismos mediante los cuales los hogares absorben el incremento de los precios.
La encuesta de la Universidad de El Salvador encontró precisamente una reducción del consumo y una fuerte percepción de deterioro del mercado laboral.
El nuevo desafío para Bukele
La seguridad permitió al Gobierno de Nayib Bukele construir uno de sus principales capitales políticos. Los datos de opinión pública muestran que ese capital continúa vigente.
Pero la economía está introduciendo una variable diferente.
La violencia puede disminuir y, al mismo tiempo, aumentar la sensación de inseguridad económica.
Para una familia, la tranquilidad de caminar por una calle sin temor a las pandillas pierde parte de su efecto positivo si el salario no alcanza para comprar los alimentos, pagar el transporte, cubrir la vivienda y mantener el nivel de vida alcanzado.
El reto, por tanto, no es simplemente cuánto crece El Salvador, sino quién recibe los beneficios de ese crecimiento y cuánto puede comprar con el ingreso que obtiene.
La reducción de la pobreza registrada en 2025 constituye un dato favorable que no debe ignorarse. Pero tampoco puede ignorarse que 22.5 % de los hogares permanecía bajo la medición oficial de pobreza y que cientos de miles de familias se encontraban sin capacidad para cubrir la Canasta Básica Ampliada.
En ese escenario, la economía ha dejado de ser un asunto secundario.
Para una población que ya experimentó una transformación profunda en materia de seguridad, el próximo examen del Gobierno se libra cada vez más en el terreno del ingreso, los precios y el poder adquisitivo.
Y ese es un terreno donde las campañas de comunicación tienen un límite: el que impone la economía diaria de cada hogar.
