Bukele desmiente al FMI y dice que El Salvador mantiene sus Bitcoins
El presidente niega que la reserva estratégica de 7,764 bitcoines haya pasado a manos privadas, mientras el FMI confirma que la mayoría de Chivo y su control operativo fueron transferidos a un operador cuyo nombre y condiciones de la operación todavía no se conocen públicamente
El presidente Nayib Bukele rechazó una supuesta interpretación de que El Salvador haya entregado su reserva estratégica de Bitcoin a un operador privado y afirmó que lo único transferido fueron las acciones de Chivo, la billetera digital creada por su Gobierno en 2021.
La aclaración presidencial se produjo después de que el diario español El País publicara el reciente acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una transferencia del control de las reservas de Bitcoin, valoradas en cientos de millones de dólares.
Bukele sostuvo que, la información que el llama interpretación es falsa y remitió al comunicado original del FMI. Según el mandatario, la operación no incluyó la Reserva Estratégica de Bitcoin.
Pero el documento del FMI deja abiertas otras preguntas de importancia económica y jurídica: ¿quién recibió la mayoría de las acciones de Chivo?, ¿cuánto pagó o qué contraprestación entregó?, ¿qué porcentaje conserva el Estado?, ¿qué órgano autorizó la operación?, ¿qué valoración se hizo de la empresa y quién verificó que el patrimonio público no fuera perjudicado?
Hasta ahora, ninguna de esas respuestas ha sido divulgada públicamente.
El FMI y Bukele hablan de dos cosas diferentes
El comunicado del FMI del 3 de septiembre establece que la participación pública en Chivo fue reducida sustancialmente y que la propiedad mayoritaria y el control operativo pasaron a un operador privado.
El organismo añade que el Gobierno conservó una participación minoritaria y la responsabilidad de custodiar los activos pertenecientes a los clientes de la billetera.
Esa afirmación es diferente de decir que el operador privado recibió la Reserva Estratégica de Bitcoin del país.
El propio Bukele insistió en esa distinción: las acciones de Chivo fueron transferidas, pero no la reserva estratégica.
En otras palabras, el presidente está corrigiendo una interpretación periodística del comunicado del FMI, no negando que Chivo haya cambiado de control.
La diferencia no es menor.
La reserva estratégica es una cosa; la sociedad mercantil que administra Chivo es otra.
¿Dónde están entonces los 7,764 Bitcoins?
La Oficina Nacional de Bitcoin reportaba esta semana una tenencia de aproximadamente 7,764 BTC. Su valor cambia diariamente con el precio internacional de la criptomoneda y llegó a situarse en torno a los $632 millones según la cotización utilizada por los reportes publicados el 3 de septiembre.
Por tanto, los $632 millones no representan el precio de venta de Chivo.
Esta precisión resulta fundamental.
Los $632 millones corresponden al valor aproximado de la reserva de Bitcoin, mientras que el precio que eventualmente se haya pagado por las acciones de Chivo es, hasta ahora, desconocido.
La investigación publicada por Diario Latino sobre el misterio de los $632 millones y el cambio de control de Chivo planteó precisamente esta interrogante: si Chivo cambió de manos, ¿quién recibió las acciones y bajo qué condiciones?
El FMI tampoco identificó al operador privado ni publicó el valor de la operación.
El otro misterio: ¿quién compró Chivo?
La empresa que opera la billetera es Chivo S.A. de C.V., una sociedad que históricamente estuvo vinculada al Estado.
Documentos divulgados en 2025 mostraron que ETESAL poseía el 99.5 % de las acciones de Chivo S.A. de C.V., mientras que el restante 0.5 % estaba en manos de la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA). ETESAL, a su vez, es subsidiaria del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE), de propiedad estatal.
La estructura hace que la pregunta sobre la transferencia de acciones tenga una dimensión adicional: no se trataba simplemente de una empresa privada vendiendo un activo privado.
El Estado había construido alrededor de Chivo una infraestructura financiada con recursos públicos y había colocado bajo su administración importantes cantidades de dinero y datos personales de los usuarios.
Y ahora la mayoría de las acciones está en manos de un operador privado cuyo nombre no ha sido divulgado.
Una empresa que terminó con patrimonio negativo
La situación financiera de Chivo hace todavía más relevante conocer los términos de la operación.
Los estados financieros correspondientes a 2024, divulgados a raíz del acuerdo con el FMI, reportaron activos por aproximadamente $238.6 millones frente a pasivos de $245.4 millones, lo que produjo un patrimonio negativo de unos $6.8 millones.
La empresa también reportó una pérdida de aproximadamente $9.63 millones en 2024.
Entre 2021 y 2024, Chivo registró ingresos por unos $180.86 millones procedentes de transferencias gubernamentales relacionadas con la administración de la billetera y Chivo Pets, según la información financiera divulgada.
Esto abre una pregunta económica que el Gobierno debería responder:
¿Qué valor tuvo la participación estatal que fue transferida al operador privado y cómo se determinó ese valor?
Si una empresa presenta patrimonio negativo y pérdidas operativas, pero al mismo tiempo administra una plataforma estratégica, posee infraestructura, licencias, tecnología, contratos y una base de usuarios, la valoración de sus acciones requiere una explicación técnica.
Y esa valoración, hasta ahora, no ha sido hecha pública.
Los Bitcoins tampoco quedaron fuera del nuevo acuerdo
Aunque Bukele niega que la reserva haya sido entregada al operador privado, el FMI sí introdujo una nueva condición sobre el manejo de los criptoactivos.
El organismo informó que las autoridades salvadoreñas presentaron documentación para demostrar que la acumulación de Bitcoin registrada desde la primera revisión del programa fue financiada mediante donaciones privadas y no con recursos públicos.
El Fondo añadió que, en adelante, no espera nuevas acumulaciones de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas.
Aquí aparece otro vacío informativo.
El FMI dice haber recibido documentación que acredita las donaciones, pero públicamente no se conocen los nombres de los donantes, los montos aportados ni la documentación que permitió al organismo verificar esas operaciones.
Por ello, el debate ya no es solamente cuánto Bitcoin tiene El Salvador, sino quién proporcionó los recursos para aumentar la reserva después de junio de 2025 y bajo qué estructura jurídica fueron entregados al Estado.
Chivo ya tenía antecedentes de problemas legales
La transferencia de la mayoría accionaria ocurre, además, sobre una empresa cuya trayectoria ha estado marcada por denuncias de fallas de seguridad, suplantación de identidad, pérdida de fondos y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Una investigación periodística basada en el testimonio judicial del empresario Shaun Overton señaló que entre las primeras cuentas creadas por Chivo hubo aproximadamente 400,000 perfiles fraudulentos, utilizados para cobrar el incentivo de $30 entregado por el Gobierno.
El cálculo estimado de ese perjuicio llegó a unos $12 millones.
Cristosal posteriormente presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso para que se investigaran posibles delitos relacionados con la implementación de la plataforma, entre ellos actos arbitrarios, administración fraudulenta, defraudación a la economía pública y manipulación de registros.
Otro caso documentado ocurrió en abril de 2022, cuando una falla informática permitió a varias personas transferir fondos desde Chivo a cuentas bancarias aunque el sistema aparentemente continuaba mostrando el dinero en las billeteras originales.
La investigación de Revista Factum estimó el monto sustraído en aproximadamente $840,000 y señaló que al menos cinco personas fueron procesadas por hurto informático y lavado de dinero.
También hubo condenas por lavado de dinero
En noviembre de 2024, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres mujeres por lavado de dinero y activos después de determinar que utilizaron Chivo Wallet para movilizar fondos obtenidos mediante un esquema de captación de dinero.
La principal condenada recibió 12 años de prisión y otras dos fueron sentenciadas a ocho años cada una.
Ese caso no significa que Chivo haya cometido lavado de dinero. Lo que demuestra es que la plataforma fue utilizada por particulares para movilizar recursos vinculados a un delito.
Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles habían advertido anteriormente que las deficiencias de identificación y control podían facilitar operaciones ilícitas.
¿Qué posibles delitos deberían investigarse en la transferencia?
Hasta este momento no existe evidencia pública suficiente para afirmar que se cometió un delito en la reciente transferencia de las acciones de Chivo.
Esa distinción es indispensable.
Lo que sí existe es un conjunto de interrogantes que justificarían, como mínimo, una revisión independiente de la operación. Esta revisión independiente se podría concretizar únicamente si en el poder legislativo (Asamblea Legislativa) hubiese un balance de poder que permitiera independencia entre órganos, no sumisión absoluta, como es el caso actual ante la mayoria del oficialista Nuevas Ideas.
Si se demostrara que funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer fraudulentamente a un comprador determinado, podría entrar en discusión el delito de negociaciones ilícitas.
La legislación penal salvadoreña establece actualmente penas de entre 12 y 15 años para ese delito cuando un funcionario se aprovecha de su cargo para facilitar fraudulentamente la participación o adjudicación en operaciones de la administración pública.
Si existiera apropiación o disposición indebida de bienes o valores públicos bajo responsabilidad de funcionarios, también podría analizarse la figura del peculado.
La reforma penal de 2025 elevó las penas del peculado hasta 15 años cuando el monto supera los $100,000.
También podría existir una discusión sobre incumplimiento de deberes si se comprobara que una autoridad omitió ilegalmente actos que estaba obligada a realizar durante la operación. El artículo 321 contempla actualmente penas de cuatro a seis años, con un incremento cuando el incumplimiento da lugar a otro hecho delictivo.
Y si una investigación demostrara que algún funcionario obtuvo un incremento patrimonial significativo e injustificado relacionado con su función, podría analizarse el delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena actual alcanza entre cinco y 15 años.
Pero ninguno de esos delitos puede darse por cometido simplemente porque Chivo haya cambiado de propietario.
Se necesita demostrar la conducta, la participación, el beneficio, el perjuicio y la relación causal con la operación.
La pregunta central: ¿cuánto recibió el Estado?
Más allá de las discusiones políticas, existe una pregunta elemental de administración pública:
Si el Estado era propietario de la mayoría de Chivo, ¿cuánto recibió por entregar esa participación y dónde está registrado ese ingreso?
Y hay otras preguntas igualmente relevantes:
- ¿Quién es el nuevo accionista mayoritario?
- ¿Qué porcentaje exacto conserva el Estado?
- ¿Cuál fue el precio o contraprestación de la operación?
- ¿Quién realizó la valoración financiera de Chivo?
- ¿Se realizó una auditoría independiente antes de la transferencia?
- ¿Quién autorizó la operación en representación de ETESAL o de la entidad estatal propietaria?
- ¿Hubo otros interesados?
- ¿Existió un proceso competitivo o una negociación directa?
- ¿Qué contratos fueron modificados?
- ¿Quién mantiene el control de la infraestructura tecnológica?
- ¿Quién responde ahora por las obligaciones y contingencias de Chivo?
- ¿Qué autoridad continúa fiscalizando los activos de los usuarios?
Hasta que esas preguntas tengan respuestas documentadas, la discusión sobre el cambio de manos de Chivo permanecerá incompleta.
Una operación todavía rodeada de opacidad
La falta de información adquiere especial importancia porque el Gobierno había acordado con el FMI mejorar la transparencia sobre sus tenencias de Bitcoin, la gobernanza de los criptoactivos y la gestión de riesgos del sector público.
El propio Fondo señaló que continuará trabajando para mejorar la transparencia sobre los Bitcoins distribuidos en las distintas billeteras bajo control estatal.
Además, Chivo está registrado desde marzo de 2026 ante la Comisión Nacional de Activos Digitales como proveedor de servicios de activos digitales, con autorización para actividades relacionadas con intercambio, plataformas y administración de activos digitales.
Por eso, el cambio de control no es solamente una operación societaria.
Implica una modificación en quién administra una pieza importante de la infraestructura financiera digital creada durante el experimento Bitcoin de El Salvador.
Cinco años después, la apuesta Bitcoin llega a una nueva etapa
El cambio de propiedad de Chivo ocurre precisamente cuando El Salvador cumple cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Bitcoin.
En septiembre de 2021, el Gobierno presentó la billetera como una de las herramientas centrales para popularizar el uso de la criptomoneda y entregó un incentivo de $30 a los usuarios.
Cinco años después, el FMI confirma que la participación pública en Chivo fue sustancialmente reducida y que su control operativo pasó a un privado, mientras el Estado conserva una participación minoritaria.
Al mismo tiempo, la reserva estratégica de Bitcoin permanece bajo control estatal, según la aclaración de Bukele, mientras el Fondo sostiene que las nuevas incorporaciones posteriores a su primera revisión fueron financiadas con donaciones privadas documentadas.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar: el Gobierno mantiene los Bitcoins, pero ya no controla mayoritariamente la empresa creada para impulsar su utilización.
Y mientras el debate se concentra en si la reserva de Bitcoin cambió o no de manos, permanece sin respuesta una pregunta posiblemente más importante para las finanzas públicas:
¿Quién compró —o recibió— el control de Chivo y cuánto le costó al Estado desprenderse de él?
La respuesta determinará si se trató simplemente de una reestructuración empresarial acordada con el FMI o si, como plantean las interrogantes abiertas por los antecedentes de la compañía, existen elementos que ameriten una investigación administrativa, financiera o penal.
Por ahora, lo único que puede afirmarse con respaldo documental es que la mayoría de Chivo cambió de manos, el comprador no ha sido identificado públicamente, el precio de la operación tampoco ha sido divulgado y la Reserva Estratégica de Bitcoin continúa siendo presentada oficialmente como propiedad estatal.
