El uniforme que no cruzó la frontera
El Salvador omite protocolos diplomáticos básicos y desata un incidente con Honduras
Lo que el gobierno salvadoreño presentó como un gesto humanitario hacia niños con doble nacionalidad se convirtió en un incidente diplomático evitable: la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, fue impedida de cruzar hacia territorio hondureño por las Fuerzas Armadas de ese país al llegar portando uniforme militar activo y sin haber cumplido ninguno de los requisitos legales que el derecho internacional y la legislación hondureña exigen para ese tipo de ingreso. Los 1,900 paquetes escolares destinados a más de 35 centros educativos en la zona de Nahuaterique tuvieron que regresar a El Salvador sin ser entregados.
El episodio, ocurrido la mañana del martes 19 de mayo en el puesto fronterizo conocido como Pasamonos o «El Paso del Mono», en el municipio de Perquín (Morazán), expone una práctica recurrente del gobierno del presidente Nayib Bukele: operar con una lógica de autoridad unilateral que, dentro de El Salvador, ha encontrado pocas resistencias institucionales, pero que al traspasar una frontera internacional choca con las normas soberanas de otro Estado que sí las hace cumplir.
Lo que ocurrió en la frontera: dos versiones, una misma norma
La ministra Trigueros describió el incidente con mesura pero dejando implícita la sorpresa ante la negativa. «Nos presentamos al punto fronterizo, realizamos el proceso migratorio de entrada a Honduras; sin embargo, me informaron de que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares», declaró ante los medios. La funcionaria destacó que la instrucción de realizar la entrega provino directamente del presidente Bukele, quien dispuso el envío de materiales escolares —útiles, zapatos, uniformes y dispositivos electrónicos como tabletas o laptops— a todos los estudiantes salvadoreños del sistema público, incluidos quienes residen en comunidades limítrofes. «Respetamos todas las indicaciones y nos retiramos», añadió Trigueros.
La versión hondureña, sin embargo, ofrece un cuadro diferente y jurídicamente más preciso. Carlos Cordero, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, fue categórico: «Efectivamente, la ministra de El Salvador no se le permitió el ingreso ya que ella, para poder hacer un ingreso a través de la forma que lo estaba haciendo con uniforme militar, no puede ser posible, pues las Fuerzas Armadas no permiten que personas militares ingresen a territorio hondureño porque se debe respetar la soberanía nacional». Añadió que la Secretaría de Educación de Honduras no tenía conocimiento previo del envío y que el Ministerio de Educación de El Salvador tampoco había comunicado sus planes a su contraparte hondureña.
La Cancillería hondureña emitió un comunicado oficial el mismo día precisando los fundamentos legales de la actuación de sus autoridades y rechazando las acusaciones de «bloqueo» difundidas desde San Salvador por el Gobierno de Bukele.
El marco legal ignorado: Constitución, tratados y protocolos
El incidente no es producto de una interpretación estricta o caprichosa de Honduras. Descansa en un conjunto articulado de normas de validez indiscutible.
La Constitución de Honduras (Artículo 205, numeral 26) establece que el ingreso de personal militar extranjero en uniforme de servicio activo requiere, de manera previa, autorización expresa del Congreso Nacional o una coordinación diplomática formal entre los Estados involucrados. La Cancillería hondureña citó explícitamente esta disposición en su comunicado oficial: «Al no haberse cumplido ninguno de estos requisitos, y en estricto apego a la ley, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente». Honduras subrayó que esta norma no contempla excepciones por razones humanitarias, porque hacer excepciones «comprometería los principios que rigen su soberanía».
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), ratificada por ambos países, establece el principio de inviolabilidad de la soberanía territorial y la obligación de que cualquier actividad oficial de un Estado en territorio extranjero se coordine mediante canales diplomáticos formales. El envío de una delegación con funcionarios militares uniformados sin notificación previa a la Cancillería anfitriona viola el espíritu de este instrumento.
La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), en sus artículos 3 y 19, consagra el principio de no intervención y el respeto a la soberanía territorial de los Estados miembros, estableciendo que ningún Estado puede realizar acciones en territorio de otro sin su consentimiento formal.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995), suscrito por ambas naciones, refuerza los mecanismos de coordinación regional y el respeto a los procedimientos bilaterales en materia de seguridad y actividades en zonas fronterizas sensibles.
La legislación aduanal hondureña exige permisos previos para el ingreso de donaciones y mercancías en volumen significativo al territorio nacional, independientemente de su naturaleza educativa o humanitaria. Carlos Cordero, del INM, fue explícito: «No se solicitó el permiso correspondiente para la donación». El ingreso de 1,900 paquetes escolares —incluyendo dispositivos electrónicos— sin declaración aduanal previa constituye una irregularidad en cualquier aduana del mundo.
La Comisión Binacional de Seguimiento El Salvador-Honduras, mecanismo creado precisamente para coordinar actividades conjuntas en zonas fronterizas —incluyendo Nahuaterique—, no fue activada ni consultada. Honduras recordó en su comunicado que este canal existe y está disponible para exactamente este tipo de iniciativas.
Nahuaterique: un territorio con historia que exige sensibilidad diplomática especial
La elección de Nahuaterique como destino de la misión no es neutral geopolíticamente. Esta zona del departamento de La Paz, Honduras, fue parte del histórico contencioso limítrofe entre ambos países que se extendió por más de un siglo, hasta que en 1992 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó sentencia adjudicando su soberanía a Honduras. Muchos de sus habitantes conservan la doble nacionalidad salvadoreño-hondureña, lo que convierte a la comunidad en un espacio de sensibilidad histórica para ambos Estados.
Precisamente por esa historia, cualquier actividad oficial salvadoreña en Nahuaterique —más aún si involucra personal uniformado de sus fuerzas armadas— requiere una coordinación diplomática especialmente cuidadosa. El incidente sugiere que el gobierno salvadoreño no consideró este contexto o lo subestimó deliberadamente.
Cómo se pudo haber evitado el altercado
El incidente era completamente evitable. Bastaba con cumplir los procedimientos que el derecho internacional y la normativa bilateral tienen establecidos:
Primero, la Cancillería salvadoreña debía haber notificado formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, con días de anticipación, la naturaleza de la misión, los miembros de la delegación, los materiales a transportar y la ruta prevista. Segundo, si la ministra Trigueros iba a participar en calidad de funcionaria militar —como corresponde a su rango en la Fuerza Armada— debía haberse solicitado la autorización especial que exige el artículo 205 numeral 26 de la Constitución hondureña, ya sea a través del Congreso Nacional o por la vía de coordinación entre Fuerzas Armadas de ambos países. Tercero, los 1,900 paquetes escolares con dispositivos electrónicos incluidos requerían una declaración y permiso de ingreso ante las autoridades aduaneras hondureñas. Cuarto, activar la Comisión Binacional de Seguimiento habría permitido que la Secretaría de Educación de Honduras estuviese al tanto y pudiera facilitar la logística de recepción en terreno. Quinto, la ministra podía simplemente haber ingresado de civil, sin uniforme militar, lo que habría eliminado el principal obstáculo jurídico que invocó Honduras.
El patrón de fondo: la autoridad que no viaja bien
El incidente en Pasamonos no es aislado. Se inscribe en un patrón de conducta del gobierno salvadoreño caracterizado por la agilidad ejecutiva unilateral —muchas veces efectiva dentro del país— y la escasa consideración por los procedimientos formales cuando estos se perciben como obstáculos burocráticos.
Dentro de El Salvador, el gobierno Bukele ha operado con frecuencia al margen o en los límites de los procedimientos institucionales establecidos: la sustitución de la Sala de lo Constitucional, la intervención en el sistema de salud sin coordinación gremial previa, los despidos verbales masivos en el sector público, la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal sin consulta ciudadana vinculante. Esta forma de gobernar ha generado eficiencia en algunos ámbitos y conflictos institucionales en otros, pero siempre dentro de un espacio donde el Ejecutivo controla las instancias de contrapeso.
En el territorio de otro Estado soberano, esa lógica simplemente no aplica. Honduras tiene su propia Constitución, sus propias fuerzas armadas y sus propios procedimientos. Y los hizo cumplir.
El alcalde hondureño de la zona, cuya comunidad esperaba recibir los materiales, lamentó el incidente y pidió que se encontrara una salida para que los paquetes escolares llegaran a los niños. Padres de familia de Nahuaterique también expresaron su decepción. La Cancillería hondureña, por su parte, reiteró su disposición al diálogo: «Honduras continuará promoviendo mecanismos de coordinación binacional que permitan fortalecer las acciones de asistencia y beneficio para las comunidades fronterizas», señaló en su pronunciamiento oficial del 19 de mayo.
El costo real del incidente
Más allá de la dimensión jurídica, el incidente tiene un costo humano concreto: 1,900 estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en Nahuaterique, distribuidos en entre 35 y 38 escuelas, quedaron sin recibir los materiales educativos que el Estado salvadoreño intentaba entregarles. Útiles escolares, uniformes, zapatos y dispositivos electrónicos que no llegaron a sus manos no por voluntad de Honduras —que afirmó estar dispuesta a permitir el ingreso de civiles y materiales— sino por la omisión de trámites que cualquier funcionario de relaciones exteriores habría podido anticipar.
La Cancillería hondureña dejó abierta la puerta para que la entrega se concrete si se siguen los canales correctos. La pregunta que queda abierta es si el gobierno salvadoreño elegirá esa vía o convertirá el episodio en un argumento de narrativa política interna.
