El salvadoreño promedio ya destina hasta el 80% de su salario a comer
La canasta básica llegó a $254.64 en marzo de 2026, un aumento de $6.40 en apenas 90 días. Las verduras subieron 12%, la leche casi 7% y la tortilla golpea igual en ciudad y campo. Un país que importa el 90% de sus verduras no puede controlar lo que paga por ellas
Carmen llega cada sábado al Mercado Central de San Salvador con $60 en el monedero y la lista de siempre: tomates, cebollas, frijoles, leche, carne molida, huevos, tortillas, arroz. Sale con las bolsas menos llenas que hace tres años y con la sensación, que ya no es sensación sino certeza, de que el dinero alcanza menos cada vez. No es un problema de percepción. Es matemática pura: la canasta básica alimentaria en El Salvador cerró marzo de 2026 costando $254.64 en zonas urbanas. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, costaba $200.02. En siete años, alimentar a una familia de cuatro personas cuesta 27% más.
El costo de la canasta básica en El Salvador registró un incremento moderado durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. A nivel familiar, el gasto mensual en el área urbana pasó de un rango de $246.60–$248.20 en 2025 a entre $250.80–$254.64 en 2026, lo que representa un aumento de entre $4 y cerca de $6.40 mensuales. En la zona rural, el costo subió de $180–$181 a entre $183–$185, equivalente a un incremento de $2 a $5 mensuales.
Desglosado mes a mes, el alza es progresiva y sin reversión visible. En 2026, la canasta urbana subió progresivamente: $250.80 en enero, $252.90 en febrero y $254.64 en marzo. En la zona rural el comportamiento fue similar: $183 en enero, $184 en febrero y $185 en marzo.
Los productos que más empujan ese incremento revelan un patrón preocupante: no son los lujos sino los alimentos más cotidianos. En el área urbana, las verduras registraron el mayor incremento con 12.38%, seguidas por la leche fluida con 6.96%, las tortillas con 3.81% y las carnes con 2.85%. En contraste, productos como el pan francés bajaron 4.43%, el arroz 1.04% y los frijoles 0.86%.
En la zona rural, las variaciones fueron similares: la leche fluida subió 7.04%, las tortillas 3.81% y las carnes 2.85%, mientras que el arroz, las frutas y los frijoles presentaron leves disminuciones.
El tomate, la cebolla, el chile, el güisquil: los ingredientes de cualquier comida salvadoreña subieron más del 12% en un solo trimestre. La leche que toman los niños en el desayuno se encareció casi un 7%. Son los alimentos que no tienen sustituto en la dieta diaria de las familias más humildes.
Para entender el peso real del alza actual, hay que verla en perspectiva histórica, y los números son elocuentes.
Cuando el presidente Nayib Bukele llegó al poder en 2019, el promedio de la canasta básica alimentaria era de $200.02 en el área urbana y de $144.48 en la zona rural. En 2024 marcó $256.02 en el área urbana y $182.62 en la zona rural. Es decir, entre 2019 y 2024, la canasta urbana creció $56 —un 28%— y la rural $38 —un 26%.
El pico más alto del período registrado fue en junio y julio de 2024, cuando la canasta básica urbana alcanzó $264.91, su máximo histórico en ese período. Aunque bajó después, los niveles nunca regresaron a los de prepandemia. El costo de la vida se recalibró hacia arriba y se quedó ahí.
El caso de los frijoles resulta emblemático: su precio creció un 64% en cuatro años, al pasar de $0.75 por libra en 2019 a $1.22 en junio de 2025, una de las subidas más pronunciadas del período. El frijol no es un alimento opcional en El Salvador: es proteína accesible para millones de familias de bajos ingresos. Que se haya encarecido 64% en cuatro años es una señal de alarma que va más allá del índice.
La inflación acumulada cuenta la historia que los porcentajes anuales moderados tienden a ocultar. En enero de 2026, el IPC se situó en 131 puntos, lo que significa que el costo de la vida es 31% más alto que en diciembre de 2009. En junio de 2022, cuando la inflación interanual alcanzó 7.76%, el costo de la canasta básica urbana era de $235.46. A diciembre de 2025, con una inflación anual de apenas 0.91%, el precio rondaba los $252. Esto implica que, pese a la desaceleración inflacionaria, los hogares terminaron pagando aproximadamente $17 más por el mismo conjunto de productos.
La razón de esta paradoja es técnica pero con consecuencias muy reales: los precios no retrocedieron, sino que siguieron ajustándose sobre valores previamente elevados. La inflación mide la velocidad a la que cambian los precios, no su nivel absoluto. En lenguaje llano: aunque el termómetro de la inflación marque bajo, los precios siguen siendo altos porque ya subieron antes y no bajaron.
Detrás de todos los números hay un problema de fondo que ninguna política de corto plazo puede resolver fácilmente: El Salvador no produce suficiente para alimentarse a sí mismo. La mayoría de los productos de la canasta básica llegan al país desde Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador importa el 90% de las hortalizas y verduras, el 60% de los derivados de la leche, el 32% del maíz, el 25% del frijol y el 33% del arroz.
Eso significa que cuando llueve poco en Guatemala o cuando el precio del diésel sube en Honduras, el salvadoreño paga más por sus verduras aunque no sepa por qué. Cada convulsión en la cadena logística regional —una tormenta, una huelga de transportistas, un arancel— se traslada al precio del tomate en el mercado de San Miguelito sin que ninguna política local pueda interceptarlo a tiempo.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria advirtió en un informe de 2025 que la canasta básica salvadoreña no se ha actualizado desde 1983 y no incorpora criterios modernos de nutrición ni refleja la realidad de los precios actuales. El Salvador contempla solo 22 productos en su canasta básica, frente a los 52 de Costa Rica o los 59 de Panamá. Una canasta de 22 productos diseñada hace 42 años para medir la pobreza de otro país, en otra economía, con otros precios.
Las consecuencias de ese desfase son directamente humanas. Familias entrevistadas sostienen que dedican entre el 50% y el 80% de sus ingresos a la alimentación básica, lo que obstaculiza el acceso a otros bienes y servicios esenciales. Una familia que destina el 80% de su ingreso a comer no ahorra, no invierte en educación, no tiene capacidad de absorber ningún shock adicional.
El impacto real del alza no puede leerse sin mirar simultáneamente el otro lado de la ecuación: lo que gana la gente.
El salario mínimo vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de $408.80, en maquila es de $402.26 y los trabajadores de la agricultura perciben $272.72 mensuales.
Los números revelan una tijera angustiante. Una familia urbana de cuatro personas, con ambos adultos trabajando al salario mínimo en comercio, ingresa $817.60 al mes. La canasta básica alimentaria cuesta $254.64: el 31% del ingreso combinado. Parece manejable. Pero esa misma familia también paga alquiler, agua, luz, transporte, útiles escolares, salud. La realidad es que los $254.64 de canasta son solo el piso, no el techo del gasto familiar.
La situación es estructuralmente más grave en el campo. Un trabajador agrícola que gana $272.72 al mes enfrenta una canasta rural de $185: el 68% de su salario va en comida, sin haber pagado aún un solo centavo de los demás gastos de la vida. El incremento interanual en la zona rural fue del 3.07%, mayor que el 2.44% urbano, lo que confirma que la crisis alimentaria golpea con más fuerza precisamente a los que menos tienen.
El ejecutivo no ha sido pasivo frente al alza de precios. La Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación, aprobada originalmente en marzo de 2022 y renovada en varias oportunidades por la Asamblea Legislativa, eliminó temporalmente los aranceles de importación a productos esenciales como leche, papas, tomates, cebollas, frijoles, carnes, huevos, arroz y aceites. La medida, prorrogada con 72 votos hasta el 31 de marzo de 2026, buscó aliviar el impacto de la inflación internacional sobre los hogares salvadoreños. Que haya necesitado renovarse varias veces en cuatro años da una idea de la persistencia del problema.
Venció el 31 de marzo. Los datos de abril aún no están publicados. La pregunta que los analistas y las familias se hacen es la misma: ¿qué pasará con los precios ahora que el escudo arancelario dejó de estar vigente?
En paralelo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ejecuta el Programa de Aumento a la Producción, con entrega de semillas mejoradas resistentes a la sequía, distribución de insumos a precio preferencial a través de AGROCENTA y fortalecimiento de la ganadería lechera. Son medidas que tocan la raíz del problema —la dependencia de importaciones— pero cuyos efectos en los precios del mercado se miden en años, no en trimestres.
Una lectura honesta de la situación exige el contraste regional. El Salvador no es el caso más grave de Centroamérica en materia de inflación alimentaria. Costa Rica se consolida como el país donde la canasta básica resulta más costosa, superando los $500 mensuales. Nicaragua reportó un costo familiar que superó los 21,000 córdobas en febrero de 2026, con aumentos sostenidos en alimentos, alquiler y servicios de salud. Guatemala y Honduras también muestran incrementos notables.
La dolarización de El Salvador tiende a limitar las presiones inflacionarias asociadas a la política monetaria, lo que coloca al país entre las economías con inflación más baja del continente. Datos del FMI y la CEPAL muestran que varios países de la región registran inflaciones anuales de entre 3% y 6%, mientras El Salvador se mantiene en torno al 1%.
El problema salvadoreño no es la velocidad del alza: es el nivel al que se estabilizaron los precios tras los choques de 2021–2022, combinado con salarios que no se actualizan al mismo ritmo y una dependencia estructural de importaciones que hace al país vulnerable a cualquier perturbación externa.
El número que mejor resume la situación no es el porcentaje de inflación —siempre moderado, siempre tranquilizador en los comunicados oficiales— sino este: una canasta básica que costaba $200 en 2019 cuesta $254 en 2026. Son $54 más al mes para comer lo mismo. Para una familia agrícola que gana $272 al mes, eso no es una estadística. Es la diferencia entre comer tres veces al día o dos.
La dolarización protege al país de la inflación desbocada que sufren sus vecinos. La política arancelaria puede suavizar los golpes coyunturales. Pero mientras El Salvador importe el 90% de sus verduras y no actualice su canasta básica desde los tiempos de la guerra civil, el plato del salvadoreño seguirá dependiendo de lluvias que caen en otros países, de precios que se fijan en otros mercados y de decisiones que se toman en otras capitales.
Doña Carmen, en el Mercado Central, lo sabe sin necesidad de leer los informes del BCR. Lo siente cada sábado cuando llega a la caja y le faltan los mismos billetes de siempre.
Nota elaborada con base en datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), Banco Mundial, FMI, CEPAL y la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA)
