El sistema de salud pública de El Salvador atraviesa una crisis que amenaza con transformarse en un conflicto político de alto impacto. La renuncia de médicos especialistas en distintas áreas, sumada a la negativa del Gobierno a instalar una mesa de negociación con los gremios médicos, ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo sanitario vigente.
Los profesionales que han abandonado sus cargos denuncian sobrecarga laboral, ausencia de insumos, falta de reconocimiento económico a la especialización y malos tratos por parte de las direcciones de los centros de Salud no privados en el país. Estos factores han generado un efecto dominó en los hospitales nacionales, donde cirugías programadas se posponen, emergencias trabajan al límite y la atención pediátrica presenta retrasos.
El Colegio Médico ha advertido sobre el inminente colapso de áreas críticas, mientras pacientes y familiares denuncian que los servicios se reducen cada semana. Esta presión social podría amplificarse en los próximos meses si continúan las renuncias y el déficit de especialistas se profundiza.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) señaló que al menos 350 médicos renunciaron en los últimos años y piden que se retome diálogo con autoridades para alcanzar acuerdos, incluidos mejores salarios a través de nuevos contratos laborales.
Según el doctor Rafael Aguirre, secretario general del Simetrisss, el problema principal del sistema de salud es la falta de médicos especialistas en los centros de atención,
Cifras del gremio indican que a finales de 2023 había dos mil 507 médicos y desde inicios del siguiente año renunciaron unos 200, y desde entonces se sumaron otros 150, muchos de ellos afiliados al sindicato.
Actualmente se contabilizan dos mil 150 profesionales de la salud en funciones, a pesar de que hace más de una década se contaba con alrededor de tres mil.
El dirigente gremial afirmó que actualmente, en país solo hay 33 médicos generales, 57 especialistas y 32 subespecialistas por cada 100 mil derechohabientes, una proporción que para el sindicato es totalmente insuficiente.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el sistema cuenta con recursos suficientes y que la salida de médicos no compromete su funcionamiento. Sin embargo, voces independientes señalan que la falta de transparencia en cifras y la ausencia de un plan de contingencia generan más incertidumbre que confianza.
Para analistas en políticas públicas, la situación no solo revela problemas de gestión en el sistema de salud, sino que también abre un frente de desgaste político para el Ejecutivo. La negativa a dialogar con el gremio médico puede interpretarse como una estrategia de firmeza, pero corre el riesgo de convertirse en un costo de gobernabilidad si la crisis impacta directamente en la población.
La crisis de los especialistas salvadoreños se perfila, así, no solo como un problema sanitario, sino como un test sobre la capacidad del Estado para sostener un modelo de salud universal y al mismo tiempo mantener la estabilidad política frente a la presión social.
