La Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó la liberación de Catalino Miranda, empresario y expresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), quien se encontraba en prisión por cargos de desobediencia de particulares y resistencia, en un caso que generó gran atención pública.
La decisión de la juez se basa en el delicado estado de salud de Miranda, a quien se le diagnosticó un cáncer terminal que requiere cuidados fuera del sistema penitenciario.
La medida, que ha sido recibida con opiniones divididas, pone fin, al menos temporalmente, a su proceso judicial, que ha estado marcado por una serie de incidentes y confrontaciones con las autoridades.
El arresto de Catalino Miranda, ocurrido en marzo de 2022, se produjo después de un prolongado conflicto entre el gobierno y el sector transporte. El empresario se había negado a acatar una serie de medidas gubernamentales, incluyendo una reducción de tarifas en el transporte público, argumentando que las regulaciones afectaban negativamente a su sector. Su desafío público a las órdenes del gobierno lo convirtió en una figura mediática y un símbolo de la resistencia de algunos sectores empresariales.
La situación escaló cuando Miranda fue detenido por supuestamente desobedecer una orden de las autoridades del Viceministerio de Transporte. El gobierno del presidente Nayib Bukele justificó su arresto como una muestra de que «la ley se aplica para todos», sin distinción de poder económico o influencia. El caso se utilizó como un mensaje claro para el sector transporte, y en general para todos los empresarios, de que la desobediencia a las normas estatales no sería tolerada.
Miranda fue despojado, sin haber sido vencido en juicio, de las unidades de transporte que eran de su legítima propiedad y fue enviado a prisión por órdenes del Ejecutivo.
Desde su detención, Miranda ha enfrentado una batalla legal con múltiples audiencias y peticiones de libertad condicional, todas denegadas hasta ahora. Sus abogados habían argumentado en reiteradas ocasiones sobre su precario estado de salud, pero el tribunal había mantenido la prisión preventiva, considerando que existía el riesgo de fuga.
La reciente decisión de la juez se sustenta en un dictamen médico forense que certifica que Miranda tiene no más de 17 meses de vida. Según la legislación salvadoreña, una persona puede ser liberada de prisión por motivos humanitarios cuando su estado de salud es irreversible y su vida corre peligro si permanece en un centro de detención.
La liberación de Miranda cierra un capítulo mediático y judicial en la historia reciente de El Salvador, dejando un precedente sobre el tratamiento de casos que incomodan al Ejecutivo, pero también subrayando la primacía de los derechos humanos y la salud en el sistema judicial.
