La ONG Socorro Jurídico Humanitario presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de El Salvador, por presuntos crímenes de lesa humanidad. La denuncia se centra en un patrón de torturas, muertes y tratos inhumanos que, según los denunciantes, se han perpetrado contra miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que ya lleva más de tres años en vigor. Esta acción legal busca que la comunidad internacional investigue y sancione a los responsables de lo que califican como una «política de Estado de terror» contra la población encarcelada.
La denuncia, que se ha documentado con testimonios de familiares, de víctimas liberadas y de exfuncionarios, alega que las autoridades salvadoreñas han ignorado sistemáticamente las quejas sobre las condiciones de detención. Se reporta que las cárceles, especialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), están en una situación de hacinamiento crítico, lo que provoca la propagación de enfermedades y la falta de acceso a atención médica adecuada. Las organizaciones señalan que más de 200 personas han muerto bajo custodia del Estado desde el inicio del régimen de excepción.
Las acusaciones de tortura y tratos crueles
Las denuncias detallan un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos. Los testimonios de las víctimas liberadas hablan de torturas físicas y psicológicas, como golpizas, privación de alimentos y agua, aislamiento prolongado y vejaciones. Además, se ha documentado que a las familias de los detenidos se les ha negado información sobre la ubicación y el estado de sus parientes, lo que genera una angustia constante y, en muchos casos, impide cualquier tipo de apoyo legal o humanitario.
Según la ONG estos actos no son incidentes aislados. En su opinión, son parte de una política deliberada y sistemática de intimidación y castigo que busca generar terror en la población para mantener el control social.
Un llamado a la justicia internacional
La presentación de la denuncia ante la CPI es un paso significativo, dado que es la única corte con jurisdicción para investigar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el proceso es largo y complejo. La CPI deberá primero decidir si acepta el caso y si tiene jurisdicción sobre el mismo. Si lo hace, podría iniciar una investigación formal que podría durar años.
La respuesta del gobierno salvadoreño no se ha hecho esperar. Funcionarios han desestimado la denuncia, tildándola de «política» y «sin fundamento», y han defendido el régimen de excepción como la única vía para garantizar la seguridad de la población frente a las pandillas. El presidente Nayib Bukele ha reiterado que las cárceles salvadoreñas son para castigar a los criminales y que su gobierno no cederá ante lo que califica como «campañas de desprestigio».
No obstante, organizaciones de derechos humanos insisten en que la justicia no puede ser selectiva. Argumentan que el fin de la violencia de las pandillas, por muy deseable que sea, no puede lograrse a costa de los derechos y la vida de las personas detenidas, y que es responsabilidad del Estado salvadoreño garantizar un trato digno para todos, sin importar su condición.
Actualmente se calculan más de 88 mil prisioneros en las cárceles de El Salvador.
