Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 84.65% de los votos válidos, en una votación que apenas alcanzó una participación electoral fue del 52.7%, es decir, con lo que con menos del 50% (49.08%) de los votos posibles, Bukele se hizo del dominio absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición política de El Salvador tacha de «dictadura».
En un trámite exprés, los 57 diputados oficialistas, de una Asamblea Legislativa de 60 escaños, decidieron permitir la «reelección sin reservas», ampliar el mandato de gobierno, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.
Fuegos pirotécnicos estallaron en la plaza principal del centro histórico de San Salvador, mientras los legisladores ratificaban la reforma constitucional en una segunda sesión plenaria convocada por la noche, en una expedita entrada en vigor.
Los diputados del oficialista Nuevas Ideas también acortaron en dos años el actual mandato presidencial -que concluía en 2029- para celebrar elecciones generales en marzo de 2027, en las cuales podrá participar por tercera vez Bukele tras quedar habilitada la reelección presidencial indefinida.
Bukele goza de enorme popularidad ante una propaganda millonaria y abrumadora de supuestos logros en su «guerra» contra las pandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. Pero su política de seguridad está basada en un régimen de excepción abusivo y criticado por grupos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial.
La reforma constitucional fue presentada por el oficialismo tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
«Ha muerto la democracia»
En una parada de buses del norte de San Salvador, el maestro Mauricio Acevedo, de 41 años, dijo no estar soprendido. «Aunque muchas obras han sido buenas, la tendencia a lo malo irá en aumento. Al final solo nos quedará ser testigos de lo que suceda», declaró a la AFP.
La diputada oficialista Ana Figueroa, quien presentó la reforma, celebró que los salvadoreños ahora «van a poder decidir hasta cuándo apoyan a su presidente».
«Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras», dijo por su parte en el plenario la opositora Marcela Villatoro, quien criticó que se aprobara la reforma cuando el país entra en una semana de vacaciones: «Son unos cínicos».
Para Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), con la reelección indefinida El Salvador recorre «el mismo camino que Venezuela». «Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura», escribió en la red social X.
«Las reformas llevan a un desequilibrio total en la democracia que ya no existe», comentó a la AFP el coordinador de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
En su discurso por el primer año de su segundo mandato, Bukele aseguró que le tiene «sin cuidado» que lo llamen «dictador», ante la ola de críticas en su contra por las detenciones de activistas humanitarios.
«Escalada represiva»
Leal a su «amigo» Donald Trump, su imagen internacional se vio empañada por haber mantenido durante cuatro meses incomunicados en la megacárcel que construyó para pandilleros a 252 venezolanos, que al ser liberados denunciaron torturas y abusos.
Envalentonado por su relación con Trump, el gobierno de Bukele detuvo en mayo y junio pasado a defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental.
La organización donde trabajaba López, Cristosal, partió recientemente al exilio tras denunciar una «escalada represiva».
Los grupos de derechos humanos aseguran que Bukele usa contra sus críticos, para acallarlos, el régimen de excepción que mantiene desde hace tres años en el país, y que limita libertades y permite arrestos sin orden judicial.
Bajo el estado de excepción, unas 88,000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices han sido arrestadas. Según oenegés como Cristosal y Socorro Jurídico, miles han sido arbitrariamente detenidos y unos 430 han muerto en prisión.
Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines a su mandato.
Con informes de afp, adn
