Cerco militar en San Bartolo sería para evitar a las pandillas «reorganizarse»

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El presidente Nayib Bukele ordenó el fin de semana anterior el despliegue de 2,000 militares y policías en San Bartolo, Ilopango, en la periferia este de San Salvador, tras asegurar que las pandillas buscan «reorganizarse».

El operativo forma parte de la guerra contra las pandillas que emprendió Bukele al declarar al país bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial.

«Hoy en la madrugada desplegamos un cerco de seguridad con 1,500 soldados y 500 policías», informó el sábado Bukele en la red social X.

«Algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse», aseguró el mandatario, quien dijo basarse en informes de «inteligencia policial» y «denuncias de la población».

«Vamos a extraer hasta al último terrorista (pandillero) que esté escondido en esa zona. No les permitiremos reorganizarse. El país más seguro del continente se respeta», subrayó.

El mandatario presentó en X imágenes del desplazamiento de centenares de efectivos fuertemente armados con parafernalia de guerra.

«Nuestro objetivo es claro: localizar y capturar a los remanentes de pandillas que aún intentan sembrar temor y causar daño a los salvadoreños de bien. No vamos a dar un solo paso atrás», aseguró por su parte el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Bukele insiste en su ofensiva contra las pandillas, la cual habría reducido a mínimos históricos los homicidios en el país, Sin embargo, el régimen de excepción forzado sobre la ciudadanía en general, limitando sus derechos constitucionales, es fuertemente criticado por organismos defensores de derechos humanos, pues esta siendo utilizado como instrumento de represión y a los salvadoreños no se les aplica el debido proceso judicial.

Bajo el régimen de excepción, han sido detenidas unas 86,000 personas acusadas de ser pandilleros o cómplices, de las cuales al menos un 10 % han recuperado su libertad por ser inocentes, según el gobierno, aunque grupos humanitarios aseguran que siguen vigilados o en proceso judicial.