La reciente deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con estatus legal en Estados Unidos, ha generado un intenso debate en El Salvador. Ábrego fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tras un error administrativo reconocido por el gobierno de Donald Trump. Este caso ha puesto en el centro de atención las relaciones diplomáticas entre ambos países y las expectativas de la población salvadoreña sobre la intervención del presidente Nayib Bukele.
En las calles de Mejicanos y otras ciudades del país, la ciudadanía expresa opiniones divididas. Por un lado, muchos esperan que Bukele utilice su influencia para negociar la liberación de Ábrego y su retorno a Estados Unidos. “Es un caso de derechos humanos. Si el presidente ha demostrado ser firme en otros temas, debería actuar ahora”, comenta Ana López, residente de San Salvador.
Por otro lado, algunos sectores cuestionan si el gobierno salvadoreño tiene la capacidad o voluntad de enfrentarse a una administración estadounidense que ha sido inflexible en temas migratorios. “Bukele ha priorizado la seguridad interna, pero este caso requiere una estrategia diplomática que no hemos visto antes”, señala el analista político Carlos Méndez.
Mientras tanto, la familia de Ábrego, junto con organizaciones de derechos humanos, ha intensificado su presión mediática y legal en Estados Unidos. En El Salvador, la atención se centra en si Bukele tomará medidas concretas para abordar este caso, que podría sentar un precedente en la defensa de los derechos de los deportados.
La población salvadoreña sigue de cerca los acontecimientos, con la esperanza de que este caso no solo resuelva la situación de Ábrego, sino que también refuerce la protección de los derechos de los migrantes en el futuro.
Con información de ADN
