La violencia sigue en aumento en El Salvador como lo demuestran los últimos datos dados a conocer por las autoridades.
El número de homicidios en agosto fueron un poco más que duplicados con respecto a julio y han convertido a este mes en el más mortífero en la historia reciente del país.
Los 907 homicidios registrados el mes pasado son más del doble de los 440 de julio, además un 162 % mayores a los registrados en agosto de 2014, cuando en El Salvador se dieron 346 muertes violentas.
En lo que va de año se han registrado 4.198 homicidios, frente al total de 3.912 que hubo en 2014.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, responsabilizó del incremento de la violencia a las pandillas, que matan incluso a su propia gente, y aseguró que se está detrás de los autores materiales e intelectuales de todos los crímenes en el país.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, precisó que la investigación inicial apunta a que “un 40 por ciento de fallecidos que son pandilleros, pero cuando comenzamos a profundizar, tanto víctimas como victimarios, hay días que hemos llegado hasta el 80 por ciento de participación de pandilleros”.
Pese a estos datos, el funcionario reiteró que el Gobierno dispone de planes represivos y preventivos y que no los va a cambiar. “La estrategia, está clara, el control y represión lo vamos a mantener con la misma intensidad, pero también vamos a intensificar la parte preventiva”, dijo.
Violencia y terrorismo
El pasado 24 de agosto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró grupos terroristas a las principales maras –Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y MS-13– en medio del incontrolable repunte de la violencia.
El alto tribunal mencionó específicamente a estas maras pero aclaró que la denominación de “grupo terrorista” incluye a “cualquier otra organización criminal que busque arrogarse potestades del Estado, atemorizando, arriesgando o perjudicando derechos de la población”.
Además, el Supremo calificó de “terroristas” a los miembros de estas pandillas callejeras, así como a cualquier colaborador, “independientemente que tales grupos tengan fines políticos, criminales o económicos”.
Las maras accedieron a declarar un alto el fuego temporal en 2012 gracias bajo la facilitación y financiamiento del gobierno del entonces presidente Mauricio Funes Cartagena, bajo la mediación del ex comandante guerrillero Raul Mijango y un obispo de la Iglesia Católica.
La tregua entre maras consiguió reducir la violencia en El Salvador en apenas año y medio. Los homicidios diarios –principal indicador de la inseguridad ciudadana– pasaron de una media de 15 a cinco, pero dicha tregua sólo sirvió para reorganizar los grupos delictivos, mejorar el sistema de comunicación entre los pandilleros en prisión y sus subalternos en las calles y perfeccionar la posesión territorial dividida entre las dos pandillas principales.
Al suspenderse la tregua entre delincuentes, inmediatamente reincidió la escalada de violencia, especialmente y de manera vertiginosa desde que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén se ha negado a negociar con las organizaciones criminales y éstas, para aumentar la presión, han relanzado una violencia sin precedentes.
