El proceso de concentración del poder y de degradación democrática que vive El Salvador tiene como correlato un opaco manejo de los recursos y el debilitamiento de los organismos de control. Con las instituciones cooptadas o neutralizadas y un gobierno que opera con impunidad, Nayib Bukele está lejos de sus promesas de transparencia.
la mayoría absoluta obtenida por el partido Nuevas Ideas de Bukele en las elecciones legislativas de febrero de 2021 le dio los medios para alterar estas reglas constitucionales. Inmediatamente después de esta victoria, la mayoría de la Asamblea Legislativa votó a favor de reemplazar a los miembros de la Corte Suprema, ente investigador del enriquecimiento ilícito, en caso de existir, de los funcionarios de gobierno.
Para comprender este poder irrestricto del que disfrutan el presidente y su gobierno, así como el alarmante problema de la corrupción gubernamental, es fundamental examinar las acciones iniciadas por Bukele desde su campaña para las elecciones presidenciales de 2019 y su acceso al poder ese mismo año.
Desde que llegó al poder en 2019, Bukele se ha esforzado por rodearse de gente leal. Al asumir el cargo, el «presidente millennial» armó el nuevo gobierno incluyendo a primos, amigos de la familia y antiguos compañeros de clase. Sin embargo, el primer círculo de influencia lo conforman sus tres hermanos, Karim, Yusef e Ibrajim Bukele. Aunque no ocupan ningún cargo público oficial, desempeñan un papel de primer orden en la mayoría de las decisiones del presidente, incluidos la estrategia política, la economía y el nombramiento de funcionarios públicos. Desde entonces, han servido como estrategas, emisarios y negociadores claves para la administración presidencial. Esto marcó la dirección de la presidencia de Bukele, en la que primó la decisión de fortalecer su autoridad y socavar las instituciones de control.
A pesar de que Bukele manipula un resentimiento generalizado con la corrupción en anteriores administraciones, su combate contra ese flagelo una vez en la Presidencia ha estado lejos de las otrora promesas de campaña. De hecho, la ahora inexistente Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) presentó al menos una docena de investigaciones contra funcionarios del primer gobierno de Bukele, lo que le valió su desaparecimiento de un solo “plumazo”, llevándose de encuentro al entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, que al iniciar indagaciones sobre presuntos delitos de corrupción, fue inmediatamente destituido.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) al menos 20 casos de mala conducta financiera y poca transparencia se dieron en el manejo de los recursos públicos, sólo en 2020 durante la pandemia del Covid. El gobierno fue acusado de distribución partidista de ayuda financiera de emergencia, de eliminar los registros públicos de gastos, de impedir las inspecciones a los gastos de emergencia y de no presentar informes a la Asamblea Legislativa.
El gobierno de Bukele pudo eludir la rendición de cuentas gracias a las elecciones legislativas de febrero de 2021, donde el presidente obtuvo entonces la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y las investigaciones desaparecieron por arte de magia.
Con esa aritmética legislativa, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue destituida por una sentencia dictada contra el Ministerio de Salud durante la pandemia de covid-19. Ya no se investigó nada.
En su discurso a la nación de junio de 2023, Bukele lanzó una supuesta «guerra contra la corrupción». Sin embargo, dado que el presidente ya había comenzado su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, esta retórica se hizo eco de sus promesas durante la campaña de 2019, que no solo quedaron incumplidas, sino que también se vieron ensombrecidas por la corrupción generalizada.
La puntuación general de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha disminuido constantemente desde 2000, cuando ocupaba el puesto 43 entre 180 países. A pesar de una pequeña mejora en 2020, la tendencia se revirtió el año siguiente cuando el país cayó aún más en la clasificación, alcanzando su núcleo más bajo de 126 sobre 180 en 2023. El informe de Transparencia Internacional subraya los importantes retrocesos en la lucha contra la corrupción y los atribuye a la cooptación del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo. Estas acciones han erosionado gravemente el Estado de derecho y han ofrecido impunidad para la corrupción en la administración de Bukele, ya que el sistema de justicia no lleva a cabo investigaciones contra los funcionarios actuales.
Sin embargo cuando se trata de la oposición política del país y los pasados gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a finales de 2023, se informó que aproximadamente 65 exfuncionarios gubernamentales, exdiputados y políticos estaban condenados, prófugos o a la espera de juicio por cargos de corrupción. Estas medidas enérgicas en relación con los servidores públicos corruptos, como parte de la guerra de Bukele contra la corrupción, incluyeron la incautación de propiedades pertenecientes al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) por parte de la Fiscalía General, bajo cargos de malversación de fondos durante su mandato tres décadas antes. Sin embargo, la loable iniciativa contra la corrupción oculta la impunidad de la que disfrutan la administración y los partidarios del actual gobierno dentro de los poderes Legislativo y Judicial, ya que los procedimientos judiciales no se dirigen contra los funcionarios actuales a pesar de las numerosas acusaciones de corrupción. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Bukele. Muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personas sancionadas acusadas de corrupción y de socavar la democracia. Las últimas actualizaciones suman a tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, cuya misión misma es garantizar el ejercicio de este derecho y a una alcaldesa del partido oficialista Nuevas Ideas.
Si la institución responsable de la transparencia en El Salvador contribuye a la opacidad, esto dice mucho de la terrible situación en la que se encuentra el país. Con un gobierno que continuamente toma medidas para restringir el escrutinio de la corrupción, como lo demuestra la Ley de Compras Públicas aprobada por la Asamblea en enero de 2023, que restringe la supervisión del gasto público para «proyectos estratégicos de utilidad pública», las vías para descubrir la corrupción están severamente limitadas.
Por lo tanto, considerando la erosión de los mecanismos anticorrupción claves y la impunidad otorgada a la administración actual, la viabilidad de la nueva guerra contra la corrupción es cuanto menos dudosa, en especial porque el Departamento de Estado de EE.UU considera que el programa anticorrupción de la administración Bukele era inherentemente ineficaz. De manera similar, la Alianza para el Gobierno Abierto ha declarado a El Salvador inactivo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia gubernamental debido a la evidente falta de acción de la administración. A pesar de las acusaciones de corrupción entre los funcionarios de Bukele y su entorno cercano, ninguno ha sido destituido de su cargo ni procesado.
