La organización no gubernamental de izquierdas, Socorro Jurídico Humanitario (SJH), prevé que la medida de régimen de excepción, implementado para «combatir» a las pandillas, «se vuelva permanente».
«El régimen de excepción se volverá una medida permanente, ya hay indicios de eso. Eso es lo que esperamos y nuestra proyección es que el régimen se vuelva algo permanente, vivamos en un estado de excepción siempre», dijo en declaraciones a la agencia española de noticias, EFE, la abogada Ingrid Escobar, directora del SJH que brinda asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas de manera arbitraria.
Escobar señaló que ante esta posibilidad «debemos educarnos y educar a la población en cuantos a los organismos internacionales existentes para denunciar casos de violación a derechos humanos».
«Mientras el Estado de El Salvador se mantenga en los organismo de protección de derechos humanos, como es la OEA (Organización de Estados Americanos) o el sistema universal de Naciones Unidas, todavía tenemos algunos caminos y salidas», comentó.
La abogada lamentó que la exitosa medida de excepción por parte del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, que ha dado pie a la detención de más de 86,000 personas pandilleras y colaboradores de estas bandas, se haya prorrogado en 33 ocasiones y esté proxima a repetirse por 34 ocasiones consecutivas.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, amplía cada mes por un lapso de 30 días la medida que se comenzó a implementar en marzo de 2022 y que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa.
Las declaraciones de Escobar fueron brindadas durante la presentación de un informe sobre el trabajo que ha realizado el Socorro Jurídico en el contexto del régimen de excepción.
Durante la presentación se hizo énfasis en las personas fallecidas bajo custodia de agentes del Estado que, de acuerdo con el SJH, suman al menos 349 personas entre estas 22 mujeres.
De acuerdo con la organización, el 28 % del total de fallecidos eran jóvenes de entre 18 y 30 años, el 53 % personas de entre 31 y 60 años, un 6 % mayores de 61 años. Mientras, en un 13 % no se logró establecer la edad.
La medida de régimen de excepción se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas.
Mientras, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y WOLA, han rechazado la implementación de la medida y han solicitado políticas integrales con prioridad en derechos humanos para combatir el flagelo de las pandillas en el país.
