Luego que la última semana la cifra de asesinatos rozara el cuarto del millar, las alertas sobre la complicada situación que afronta el país se intensificaron, más aún luego de la masacre de 14 pandilleros producto de una purga interna, según declaraciones oficiales, en el penal de Quezaltepeque.
“Estamos ante un grave escenario de conflictividad social sin precedentes y no se ve por ningún lado una solución a corto plazo”, declaró a periodistas el ex guerrillero y ahora reconocido analista Roberto Cañas.
Las cifras oficiales son claras y no dejan lugar a dudas: de enero a julio se registraron 3.332 asesinatos en El Salvador contra 2.191 en el mismo período de 2014.
El gobierno responsabiliza de los crímenes a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 se encuentran en prisión, según cifras oficiales.
Bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República (FGR), la PNC y el Ejército tratan de contener la ola de violencia y desarrollan operativos con detenciones masivas de pandilleros, muchos de los cuales están siendo ya juzgados como terroristas.
Según Juan Ramón Medrano, otro ex guerrillero convertido en analista de temas de seguridad, la confrontación se profundiza en el país.
“El gobierno tiene un plan que le apuesta a disminuir la cantidad de homicidios, la extorsión y el crimen a futuro, pero tiene que presentar resultados”, explica.
De acuerdo al vicepresidente Óscar Ortiz, las pandillas intentan hacer una demostración de fuerza en momentos que el Estado busca “revertir” la ola criminal. Las declaraciones las dio a pesar de los números que todo ciudadano maneja.
Ortiz explicó en una entrevista televisiva que las pandillas muestran su músculo al actuar de forma “indiscriminada contra la población”, reaccionando a las operaciones de la fuerza pública y desatando una especie de guerra interna entre las facciones, como lo que ocurrió en el penal de Quezaltepeque.
El exdiputado y también excomandante guerrillero Raúl Mijango, quien se desempeñó como mediador entre las pandillas en 2012, sostuvo en entrevista con periodistas que la represión no es la solución, y subrayó que es necesario establecer un “diálogo” con las pandillas.
En lo que va del año han muerto 45 policías, 14 militares y un fiscal. Las pandillas son responsables de estos ataques.
“Esta batalla contra el crimen la vamos a ganar (…) nos va tomar un tiempo, va a ser duro, va a ser difícil, incluso doloroso”, comentó el Vicepresidente Ortíz en relación a las pérdidas humanas de los enfrentamientos.
Pese al complicado escenario, Ortiz confía en que el Estado se impondrá aunque se produzca un “cierto desangramiento de la familia salvadoreña”.
En enero pasado, el Consejo de Seguridad, integrado por el gobierno y la sociedad civil, presentó un plan contra la violencia que exige una inversión de 2.100 millones de dólares en los próximos cinco años.
Obtener ese financiamiento es un desafío para el Ejecutivo, que según el vicepresidente, invierte 12% del PIB por año para atender el problema de la inseguridad.
Para aprender de otras experiencias regionales, los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron en Colombia con representantes gubernamentales quienes les explicaron sobre los mecanismos utilizados, con el apoyo de la empresa privada, para financiar la guerra contra la violencia.
Asimismo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), realizó una gran inversión en traer al país al exfiscal de los Estados Unidos y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, para que hiciera un análisis sobre la situación de violencia en El Salvador y pudieran aportar recomendaciones de como controlarla a corto, mediano y largo plazo. Las recomendaciones fueron entregadas al gobierno de Salvador Sánchez Cerén y a su gabinete de Seguridad, sin embargo, a la fecha no las han aplicado en búsqueda de una solución.
