Representantes de las organizaciones humanitarias Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidieron el lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar penalmente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador por supuesto incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, señaló que el aviso penal fue presentado a raíz de que se negaron a recibir una petición de las víctimas de atropellos, en el marco del régimen de excepción, sobre el sistema de visitas a cárceles.
«Negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito de las víctimas. ¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y debe recibir sus peticiones y darle respuesta, el no hacerlo constituye hechos delictivos», apuntó Joya.
La denuncia es contra el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro; las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas; y la secretaria Marcela Rosales, todos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Además, se pidió investigar a Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados y serviles de NI.
Samuel Ramírez, de MOVIR, dijo a periodistas que la Asamblea Legislativa se negó a recibir una solicitud de derogación de cualquier normativa de centros penales que impida las visitas porque «es un derecho que tienen las familias».
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista, aprobó a inicios de noviembre la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022. Esta medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en marzo del referido año, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las denominadas maras.
Con más de 83,100 detenciones, la medida extraordinaria, que ya es permanente, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, única acción que mantiene alto grado de popularidad del mandatario.
Mientras, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y se reportan más de 300 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia y tortura.
El Gobierno salvadoreño ha negado en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusaciones de torturas y de otras violaciones a derechos civiles.
