Familiares de detenidos solicitan a Penales que permita las visitas a sus parientes

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Un grupo de familiares de personas supuestamente detenidas arbitrariamente durante la implementación del régimen de excepción solicitó el miércoles a la Dirección de Centros Penales que permita la visita de parientes y abogados en las cárceles del país.

Los solicitantes se concentraron en la sede de Centros Penales en San Salvador y entregaron una carta con sus peticiones.

Las personas piden que se «elimine cualquier restricción realizada a las visitas familiares y se garantice el contacto en condiciones dignas», que se «instruya a los directores de cárceles a permitir visita de familiares, amigos y defensores» y que se «proporcione información actualizada sobre la situación de salud y ubicación de los detenidos».

Además, demandaron que se «asegure el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, de acuerdo con la ley penitenciaria y la normativa internacional».

Las familias no tienen ningún contacto con los detenidos, ni visitas, y han denunciado que incluso los abogados tienen problemas para hablar con sus defendidos y tener acceso a los expedientes judiciales para su defensa.

Esta petición se suma a la realizada el lunes por dos organizaciones no gubernamentales a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que se investigue una serie de irregularidades que se relacionan con las más de 300 muertes en las prisiones en el contexto del régimen de excepción.

El régimen de excepción se aprobó a finales de marzo de 2022 luego de la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las bandas criminales.

Con casi 83 mil detenciones, de acuerdo a declaraciones del ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.