DW/DL.- Un paro al transporte público impuesto por pandillas criminales en el país, dejó en los últimos tres días un saldo de al menos nueve transportistas muertos, cientos de vehículos paralizados y pérdidas millonarias en la economía. La población se ha visto obligada a pagar un mayor costo por trasladarse de un lugar a otro, viajando con protección policial.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén amenazó a la pandilla Barrio 18 con el despliegue del Ejército y aseguró que no negociará con criminales.
Poco le falto a los pandilleros reírse de las amenazas del gobierno.
Se cree que el boicot al transporte público fue ordenado desde la cárcel por dos cabecillas de la banda que fueron trasladados de penal. No se sabe cuáles son las demandas, pero el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en El Salvador, Derek Spranger, consideró que podría ser la ‘preocupante’ situación de hacinamiento en las cárceles.
Cárceles sobresaturadas
“El gobierno está en una situación de impotencia y ha recurrido a medidas de represión, desplegando incluso al Ejército contra las maras; las detenciones y redadas están a la orden del día, pero el problema es que las cárceles están sobresaturadas”, afirma en conversación con DW Christa Rahner Göhring, portavoz del grupo de coordinación para El Salvador, de Amnistía Internacional, sección alemana.
La experta recuerda que el problema tiene raíces históricas. “Estas bandas juveniles surgieron tras la guerra civil (1980-1992) cuando niños y jóvenes que crecieron sin ninguna perspectiva de trabajo o educación que les permitiera ganarse la vida fueron acogidos en estas pandillas callejeras”. Se estima que hasta unos 35.000 jóvenes salvadoreños forman parte de las temibles maras.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se produjo el regreso masivo (deportación masiva) de los expatriados salvadoreños de Estados Unidos, incluso de presos, que llegaron a un país destruido y sumido en la pobreza.
“La situación es como la de un polvorín a punto de estallar. El gobierno ha reaccionado con mano dura, pero no hay que olvidar que de los ingresos de los maras vive aproximadamente un 10% de la población”, advierte Christa Rahner Göring.
(Material original de Deutsche Welle, con edición de diariolatino.net)
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