El oficialismo en la Asamblea Legislativa dispuso el miércoles que los presuntos pandilleros detenidos durante el régimen de excepción sean procesados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio.
Se ordena el «sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción», desde marzo de 2022, reza el decreto aprobado.
«No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica [célula] lo que presenta este decreto transitorio», señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las nuevas medidas se toman bajo el argumento de que otorgarán mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales, mientras sus detractores las consideran una vulneración del debido proceso.
Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba “regresando a la época inquisitiva”. “Es grave porque les van a imputar a la gente delitos que no han cometido, por el hecho de simplemente relacionarla con una estructura criminal”, añadió.
El gobierno de Bukele ha sido colocado en el ojo del huracán por organizaciones de derechos humanos a raíz de las detenciones masivas de presuntos integrantes de esas organizaciones criminales, su exposición pública en situaciones denigrantes y su ingreso en prisiones especialmente creadas para ellos.
La norma, que nació de una iniciativa de Buleke, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que «solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción», que suman casi 72.000.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue instaurado tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en marzo de 2022, atribuida por el gobierno a las pandillas o maras.
La estrategia de Bukele para combatirlas ha elevado los niveles de seguridad en el país y cuenta con amplio apoyo ciudadano, pero es criticada por la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos.
Además, el Congreso reformó el miércoles la Ley Contra el Crimen Organizado, elevando hasta 60 años de prisión las penas a quienes son «autores mediatos» de un crimen.
Villatoro señaló que «los líderes o cabecillas de pandillas son los que principalmente recibirán esa condena de 60 años pues son los que ordenan crímenes» en esas bandas.
En marzo de 2022 el Congreso había incrementado de 9 a 45 años de prisión la condena máxima por pertenecer a pandillas.
Las encuestas dicen que nueve de cada diez salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción y apoyan la gestión del mandatario, quien aspira a ser reelegido en los comicios de 2024.
