Más de 49,000 supuestos miembros de pandillas han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses de régimen de excepción, medida implementada desde finales de marzo para combatir a las denominadas maras, informó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
“Estamos oscilando las 49,000 capturas, desde que inició el régimen de excepción. En esta semana de vacaciones, desarticulamos 10 campamentos de estructuras criminales y les incautamos más de 60 armas”, aseguró Arriaza Chicas durante una conferencia de prensa.
La cifra de personas detenidas es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de decesos bajo custodia estatal.
Nuevo Período de Excepción
Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la medida de régimen de excepción implementada para combatir a las pandillas puede extenderse por 30 días más
«Lo más seguro es que sí exista una nueva prórroga (del régimen). Es una herramienta que nos está funcionando mucho y los números no nos dejan mentir», señaló el funcionario en una entrevista televisada tras ser preguntado sobre el tema.
El ministro de Seguridad aseguró que «no existen detenciones arbitrarias» y que los capturados están «plenamente identificados» como miembros de pandillas.
Señaló que de los más de 49.000 capturados, más de 42.000 «han pasado de una detención administrativa a una detención provisional y ya siguen un proceso judicial».
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el pasado 20 de julio una cuarta ampliación del régimen de excepción vigente desde finales de marzo y que ha dejado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
De aprobarse una nueva ampliación de dicha medida, el país continuaría en régimen de excepción hasta finales de septiembre.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3,000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
A comienzos de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando “graves violaciones” a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.
