EL SALVADOR.- Por Eduardo Vázquez Becker- ¿Qué diría el Gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONG, y eso todo el mundo lo sabe.
En esos términos se refirió el presidente de El Salvador Nayhib Bukele a la ayuda de $300 millones aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para ser canalizada a través de organizaciones no gubernamentales de Guatemala Honduras y El Salvador en el combate a la corrupción así como para promocionar el fortalecimiento del Estado de derecho en estas naciones.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional al Desarrollo (USAID), Samantha Power, anunció una iniciativa para dirigir $300 millones durante los próximos cinco años a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras, para programas de lucha contra la corrupción y la violencia sexual, y el fomento del crecimiento sostenible.
Samantha Power también anunció esta semana la implementación de un importante fondo para asistir a periodistas extranjeros que en sus países sean objeto de represión y amenazas vinculadas a su desempeño como tales.
La iniciativa se denomina “Centroamérica Local” y busca empoderar a organizaciones de la región para que ejecuten programas que fomenten el crecimiento económico sostenible y equitativo, mejoren la gobernabilidad, combatan la corrupción, protejan los derechos humanos, fortalezcan la seguridad ciudadana y combatan la violencia sexual y de género.
La ayuda a las organizaciones no gubernamentales está plasmada en el presupuesto estadounidense del año fiscal 2022 aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.
Este presupuesto incluye un fondo de $860.6 millones para la región, con el objetivo de combatir la migración irregular. No menos de $60 millones debe ser para combatir la corrupción y la impunidad en esos países.
Sin embargo, para desembolsar el 75 % de la ayuda, el secretario de Estado de EE.UU. debe certificar que los países cumplen ciertas condiciones como combate a la corrupción, Estado de Derecho, protección de derechos humanos, dar seguridad ciudadana, restringir el papel de las fuerzas armadas en la seguridad, respetar el debido proceso legal, entre otras.
La ley indica que si el secretario de Estado de EE.UU. no puede hacer esta certificación a uno o más países la asistencia será reprogramada para asistir a “organizaciones no gubernamentales en Centroamérica o para otros países de América Latina”.
Bukele se ha caracterizado por su hostilidad hacia los Estados Unidos con quienes no comparte su política “intervencionista” Los caso más evidente de esa actitud está reflejada en sus críticas a las intervenciones de la senadora Norma Torres y al desplante a Ricardo Zúñiga, finales marzo pasado, mediante el cual se negó a reunirse con este sin haber un fundamento que lo justificara. Zúñiga ostenta el cargo de “Enviado especial para el Triángulo Norte”, nombre con el que Estados Unidos engloba a El Salvador, Guatemala y Honduras.
El desplante de Bukele al enviado de Biden fue considerado como algo anómalo en las relaciones de ambos países. En los círculos políticos salvadoreños se consideran las más recientes declaraciones del mandatario de Nuevas Ideas, como un pinto de tensión más entre los Estados Unidos y El Salvador.
