Los fiscales de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República, presentaron este domingo el requerimiento, contra 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, a quienes se acusa por los supuestos delitos de Lavado de Dinero y Enriquecimiento Ilícito
Los fiscales llegaron a eso de las 9:00 de la mañana, al juzgado de Paz de turno de San Salvador, para cumplir con el requerimiento en contra de los 10 exfuncionarios que fueron capturados este fin de semana.
Los reos fueron llevados ante el juez “protegidos” con casos y chalecos anti bala como se frecuenta hacer con los reos de alta peligrosidad.
En el requerimiento la Fiscalía desarrolla las distintas hipótesis en las cuales fundamenta su acusación señalando que todos los implicados contribuyeron al desfalco de Funes (más de 350 millones de dólares) al Estado salvadoreño. Las indagaciones de la Operación Desfalco iniciaron en 2019 y las autoridades explicaron que es una derivación del caso “Saqueo Público”. En un intento de restar crédito al actual fiscal Rodolfo Delgado, el destituido ex fiscal Raul Melara se apresuró a informar en su cuenta de Twitter que él era quien dio inicio a las investigaciones del caso
La Fiscalía totaliza que cerca de $2.5 millones de las arcas del Estado fueron repartidos entre nueve exfuncionarios del FMLN en concepto de «bonos» o «bonos por retiro» por el corrupto Funes.
El ministerio publico MP, asegura que Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, aparte de su salario recibió $210,000; mientras que, a Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo, se le entregó $208,000; Además, Violeta Menjívar, exministra de Salud, recibió $177,000; Erlinda Hándal, ex viceministra de Tecnología, $162,000 y Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, $174,000.
