Los contagios de COVID-19 entre los presos en las cárceles de El Salvador se elevaron en más de un 31 % con el contagio de 34 personas y se extendió a un cuatro prisiones del sobrepoblado sistema carcelario del país, informaron este viernes las autoridades.
De acuerdo con el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Osiris Luna, la transmisión se dio, posiblemente, mediante custodios o empleados administrativos asintomáticos.
Luna, quien también barajó la posibilidad de que los reos se contagiaron mediante los utensilios con los que son alimentados, sostuvo que «todos son casos leves» y que cerca del 90 % son asintomáticos.
Los 34 nuevos contagios se encuentran en el centro penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, con los que suman 142.
El resto se encuentran en un pabellón de atención a presos en el Hospital Psiquiátrico (58 casos) en Soyapango, en la cárcel de San Vicente (39) y en Quezaltepeque (11), esta última únicamente alberga a miembros de pandillas.
Luna añadió que los casos sospechosos en estas mismas prisiones ascienden a 945 y aseguró que «ha habido un aislamiento de manera oportuna, eficaz» para todos los reos.
El 27 de abril pasado, el Gobierno de Nayib Bukele selló las celdas de 6 prisiones con 16.000 pandilleros a raíz de una escalada de los homicidios.
Diversos organismos humanitarios han señalado en el pasado la vulnerabilidad de los presos salvadoreños ante enfermedades como la tuberculosis por los niveles de hacinamiento.
El pasado jueves, el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador pidió explicaciones a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y al Ministerio de Salud por el contagio de COVID-19 de 58 reos con «padecimientos mentales».
Tanto el director de la DGCP como el ministro de Salud no se presentaron ante la autoridad judicial para rendir explicaciones.
De acuerdo con datos oficiales, las 26 prisiones salvadoreñas tienen capacidad instalada para 27.093 reos, pero actualmente se encuentran recluidos 32.721.
Hasta el viernes, el Gobierno no había modificado protocolos para evitar la infección de los presos.
