Salvador Sánchez Cerén instó el sábado a los empresarios y familias más pudientes del país a que aporten recursos financieros para apoyar los planes de seguridad y combate a la violencia criminal que en el año ha dejado 2.859 asesinatos.
“Seguimos tratando de convencer a los que más tienen, que hay que aportarle al país. Aquí hay familias, hay empresas que tienen enormes ganancias (…), pero no quieren colaborar dando recursos para enfrentar al crimen”, señaló el mandatario en un discurso en la ciudad de Zacatecoluca, en el marco de su programa de propaganda Gobernando con la Gente que transmite la televisión estatal y una gran cantidad de radioemisoras y que se paga con fondos millonarios de la Presidencia.
Sánchez Cerén aseguró que en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezado por él pero en el que también forman parte académicos, líderes de iglesias, de organismos internacionales y empresarios, “se está por llegar a un acuerdo” para establecer “un tributo” para financiar planes de seguridad.
No obstante, el presidente no precisó a partir de cuándo podría estar en vigencia ese tributo ni quienes serán los que tendrán que pagar ese dinero para invertir en seguridad pública.
“Nosotros lo que queremos es que hayan recursos para darle oportunidad a la juventud, para darle oportunidad a las familias que quieren trabajar bien en un ambiente de seguridad”, sostuvo Sánchez Cerén.
Los empresarios y familias a las que hoy pide dineros la presidencia de la República son los mismos que sufrieron secuestros y extorsiones durante más de 20 años por parte del grupo guerrillero del cual fue dirigente Sánchez Cerén durante la guerra, las FPL.
El presidente también anunció que en los próximos días el ministerio de Hacienda pedirá al Congreso autorización para modificar el presupuesto de la nación para destinar una partida de 15 millones de dólares a la Policía Nacional Civil (PNC) para pagar un incentivo económico a sus 23.000 miembros y para la compra de vehículos y armamento.
También el gobierno pedirá autorización al Congreso para destinar una partida de 13 millones de dólares a la Fuerza Armada para la compra de vehículos y para mantener en las calles a unos 7.000 soldados que apoyan a la Policía en labores de seguridad pública.
El Salvador sufre una escalada de violencia provocada por las pandillas, ante la incapacidad del Estado de controlarla.
Cifras de la Policía indican que entre enero y junio se registraron al menos 2.859 asesinatos, más del doble que el mismo período del año pasado.
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