La defensa del exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, Julio Rank, preso por ayudar al expresidente Elías Antonio Saca a lavar fondos estatales, solicitó a una corte adelantar su liberación tras cumplir la mitad de su pena, informó este martes el órgano Judicial.
Rank fue condenado en un juicio en septiembre de 2018, que enfrentó junto al exmandatario y otras cinco personas, a cinco años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
El exfuncionario pactó con la Fiscalía su confesión en un proceso «abreviado» a cambio de una pena leve.
La solicitud de liberación fue presentada al Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, que realizará el viernes una audiencia especial para valorar la petición.
La fuente señaló que los abogados de Rank consideran que «ya cumplió con la media pena», por lo que «es procedente gestionar su libertad», dado que a los cinco años impuestos se le restaron los casi dos años que permaneció en prisión preventiva.
La legislación salvadoreña otorga a los presos el beneficio de libertad condicional adelantada al cumplir la mitad de la pena.
Por otra parte, los letrados solicitaron la libertad de Rank por «complicaciones de salud que lo han llevado a permanecer hospitalizado».
Según los abogados, ha estado en «vilo de muerte» por varios padecimientos graves, por lo que piden un trato «humanitario» al convicto.
Saca fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero por la malversación y lavado de más de 300 millones de dólares mediante sus empresas de comunicación, delitos que confesó durante otro juicio abreviado.
Una corte de apelaciones dejó sin efecto la obligación del expresidente de pagar 260 millones de dólares dictada en el juicio y dejó la decisión sobre el cobro de la responsabilidad civil en manos de otro tribunal.
Rank también quedo exonerado temporalmente de pagar más de 8,3 millones de dólares.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Mauricio Funes (FMLN/2009-2014), asilado en Nicaragua, suman más de 666 millones de dólares cuestionados.
Funes (FMLN/2009-2014), quien recientemente recibió la nacionalidad nicaragüense, es procesado por supuestamente desfalcar más de 351 millones de dólares.
Saca y Funes, según la Fiscalía, utilizaron esquemas similares para apropiarse del dinero mediante una cuenta de «gastos reservados» (Partida Secreta) que sirve para canalizar el gasto de la inteligencia estatal.
Esta cuenta también la heredó Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gastó secreto es auditado actualmente por la Corte de Cuentas de la República (CCR) a petición del actual Gobierno y Nayib Bukele, quien había prometido eliminar dicha partida presupuestaria, pero según su ministro de Hacienda la mantendrá para el presupuesto 2020.
