Nos aseguran que desde que Raúll Melara asumió el cargo de Fiscal General de la República, se ha comenzado a experimentar un cambio organizacional y moral en el Ministerio Público, así como un cambio de mentalidad en los Fiscales respecto del modo de ejecutar sus funcion. Conociéndolo, no dudamos en que Melara lo esté haciendo.
Sin embargo, no deja de haber cierta preocupación en la ciudadanía por la forma lenta en que dichos cambios se están realizando. Quienes criticamos, sabemos que tratándose de algo tan complicado, el titular de la FGR se estará tomando su tiempo para no incurrir en injusticias ni en errores garrafales; lo que en cierta medida tendría alguna justificación.
Lo que nos preocupa y que no tiene justificación alguna, es que en casos donde ha quedado demostrada la mala fe y el dolo de fiscales ( Meléndez entre otros), que incurrieron en delitos graves y que han construído casos de manera vulgar y descarada, como el llamado “corruptela”, no se resuelvan con la premura que demandan los afectados. Triste es reconocerlo, pero pareciera que en El Salvador no existe la presunción de inocencia ni se conoce la teoría del fruto envenenado que en cualquier parte del mundo son garantía del debido proceso.
Nos preocupa que fiscales acusados de “manosear” el sistema de intervenciones telefónicas de la Fiscalía General de la República para fines perversos, permanezcan en la institución, a pesar de las pruebas en su contra, como si nada.
Nos preocupa que fiscales que han admitido judicialmente que “se equivocaron” y pincharon teléfonos que no debían, sin ningún juez que lo autorizara, anden por ahí, como si nada. Nos preocupa que los responsables de estas violaciones a los derechos de los imputados, que admitieron su culpabilidad en los tribunales, se limitaron a dejar en autos una lapidaria declaración: ” Nos equivocamos, señor juez, por favor, discúlpenos”
Nos preocupa también, que a más de seis meses que varios fiscales, arrepentidos de mentir en caso “corruptela”, denunciaran ante la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, que fueron obligados por otros fiscales, entre ellos el ex fiscal Douglas Meléndez, a mentir y a decir cosas que no eran ciertas mediante amenazas, coacción y “tortura” (?), y que no se haya encausado a los responsables.
Recién la semana pasada, en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, se suspendió por falta de notificación a los defensores del caso “corruptela”, una una audiencia para judicializar las declaraciones de los fiscales que mintieron y que acudieron a la PDDH a denunciar al ex fiscal Meléndez y su grupo, señalándose nueva fecha para realizar dicha diligencia.
Nos preocupa que el actual Fiscal General, después de haber ordenado y luego suspendido una auditoría para esclarecer lo relacionado con los fiscales amenazados y los fiscales amenazadores en el caso corruptela, aún no hayan sido procesados.
!Qué tan difícil! es separar a un empleado de una institución vital como la FGR, después que se ha comprobado que existen indicios suficientes de culpabilidad ? Quién garantiza que este no puede seguir haciendo de las suyas en la institución hasta llegar a convertirla en un canasto de “manzanas podridas” como los llamara el Fiscal Melara. Solo Dios lo sabe.
A grandes males, grandes remedios, dice el refrán. Una medida salomónica sería que la Fiscalía General de la República, en un acto de justicia restaurativa, ordenara retirar los cargos a los imputados en los casos controversiales donde se supone que hay “mano peluda”, y procesar de inmediato a procesar a los fiscales y demás personal que haya tenido que ver con la “fabricación” del caso corruptela.
Con medidas como esas, antes que un juez declare que no hubo delito que perseguir, se estaría evitando el desprestigio para la institución que está obligada a investigar, y a investigar bien. De esa manera, el fiscal Melara estaría cumpliendo su juramento de promover la justicia en defensa de la legalidad que es base del sistema democrático de derecho.
Sería una medida bastante amarga, pero también sería la garantía de que la Fiscalía General de la República, !por fin!, ha tomado el camino de la legalidad para garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones constitucionales. La Fiscalía del futuro y la sociedad a la que se comprometió defender, se lo agradecerán .
