El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Sección de Probidad que no investigue el patrimonio de aquellos funcionarios que tengan diez años o más de haber finalizado su gestión.
El magistrado Óscar Alberto López Jerez confirmó la información asegurando que la medida tuvo como asidero legal diposiciones de la Constitución que establecen que que después de 10 años caso como los denunciados prescriben de manera automática.
El magistrado Ramírez Murcia también señaló que “hay consensos en que la Sección de Probidad debe realizar la investigación del patrimonio de empleados y funcionarios públicos siempre que no haya transcurrido diez años después del cese en el cargo y que sea en períodos continuos producto de elecciones populares”.
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