El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo este miércoles un llamado a la Asamblea Legislativa para que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realice “con transparencia y participación” y a que se tome en cuenta el perfil de cada uno de los candidatos acorde a la Constitución y a las normativas y criterios internacionales.
La carta enviada por Marlene Trejos, representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está dirigida al presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, diputado Norman Quijano y en su contenido le recuerda que se debe de respetar la separación de poderes para que exista independencia judicial.
“La elección de magistraturas para Altas Cortes exige respetar estos criterios y hacer todo el proceso de la manera más transparente y participativa posible con mayor razón porque en el ordenamiento jurídico salvadoreño es la Asamblea Legislativa a quien se le ha encargado esta responsabilidad, y siendo un órgano político, no esta exento a enfrentar presiones de grupos de poder”, dice la carta.
La funcionaria también recuerda que el criterio objetivo que debe de prevalecer es el mérito y las capacidades de los candidatos.
En este sentido los principios que, según las Naciones Unidas, definen la independencia judicial son la integridad, la idoneidad y la formación apropiada.
“Se deben de seleccionar a los jueces de las altas cortes exclusivamente por su mérito y por su capacidad profesional a través de mecanismos objetivos de selección y que se tenga en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que desempeñará”, agrega la carta, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para Naciones Unidas la independencia judicial está relacionada con la separación de poderes y por ello se debe de garantizar un proceso de selección con igualdad de condiciones y que exista un papel activo de la sociedad civil en la fiscalización del proceso, incluso con la posibilidad de advertir sobre irregularidades en el proceso.
Hasta ahora han transcurrido 52 días sin la elección de los magistrados de Sala de lo Constitucional lo que constituye una violación a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos.
