El Juzgado Primero de Paz del municipio de San Martín ordenó esta mañana el desalojo de más de 1,200 personas pertenecientes a unas 140 familias que se habían asentado en la comunidad Rutilio Grande; sin embargo el desalojo no se llevará a cabo sino hasta dentro de cinco días, plazo que tienen los interesados para apelar del desalojo.
Si transcurrido el plazo no hay una orden superior que afecte la resolución el juez la ratificará y pedirá a la Policía Nacional Civil (PNC) que proceda a efectuar el desalojo.
Los terrenos que reclama Ciudad Mujer tienen una extensión de aproximadamente 50.332.73 metros cuadrados los cuales, según dijo la señora Vanda Pignato en su demanda, estaban destinados para la construcción de un proyecto de CM para una escuela agrícola.
De acuerdo al tribunal, las personas de la comunidad Rutilio Grande construyeron sus casas “sin el sustento legal”, ya que los terrenos donde se ubicaron pertenecen a la institución Ciudad Mujer, es decir, pertenecen al Estado.
La resolución se apoyó en los argumentos presentados por los vecinos de la comunidad en una audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de junio en las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Soyapango, en el departamento de San Salvador.
Los demandados, unas 150 personas de la localidad enfrentaron una audiencia por el delito de usurpación de terrenos del Estado salvadoreño, informó el colectivo Justicia en Acción de Soyapango.
Según el expediente de la causa los miembros de la comunidad Rutilio Grande, han construido 248 champas de lámina en un terreno que, según unas escrituras presentadas en el Juzgado son propiedad de Ciudad Mujer, que el pasado 15 de mayo interpuso una demanda para el desalojo de las 140 familias.
La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, aseguró tanto en su escrito de demanda como a los medios de comunicación que cree que la usurpación en San Martín tiene carácter político.
Recientemente hubo un caso similar, en el cual una prestigiosa familia de la sociedad salvadoreña pidió se le devolvieran terrenos de su propiedad usurpados por unas 70 familias. La ley dio razón a los legítimos propietarios y en ese momento, la señora Pignato se manifestó en una rueda de prensa y en todo noticiario que pudo apelando que no se desalojaran las familias. En este caso, siendo ella la demandante, no se ha pronunciado sobre el caso.
