Estados Unidos advirtió hoy de la “extendida corrupción” gubernamental y judicial en los países centroamericanos, así como los problemas de las autoridades civiles a la hora de “controlar” a las fuerzas de seguridad en la región, lo que provoca impunidad.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado hoy, el Departamento de Estado de EEUU también constató numerosas acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos contra supuestos miembros de organizaciones criminales.
La violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales también fue generalizada en la región en 2017, según el informe.
El Salvador
Refiriéndose a El Salvador, el informe señala que en este país las autoridades civiles ( a veces) han sido incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”; afirma que se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas.
EEUU reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno presentó cargos, pero insiste en que las fuerzas de seguridad también fueron responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.
Además de la “extendida corrupción gubernamental”, que supuestamente existe en el país sufre, el in forme señala duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. El Informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador
En el país, donde las autoridades civiles a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, se produjeron ejecuciones ilegales de supuestos criminales, desapariciones por parte de militares y torturas, reza el informe
EEUU reconoció que en el caso de las desapariciones realizadas por personal militar, el Gobierno presentó cargos; sin embargo afirma que las fuerzas de seguridad también fuero responsables de torturas y ejecuciones ilegales de supuestos criminales.
Además de la “extendida corrupción gubernamental”, el país sufre duras condiciones penitenciarias, arrestos arbitrarios, falta de respeto gubernamental por la independencia judicial, violencia de maras contra mujeres, niñas, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. El informe también denuncia “las peores formas de trabajo infantil” en El Salvador
Según el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la situación en los países centroamericanos en 2017 fue, según Estados Unidos, la siguiente:
Honduras
Los problemas de derechos humanos más graves registrados por Estados Unidos en Honduras son las acusaciones de “ejecuciones ilegales y arbitrarias”, las duras condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida y los asesinatos y amenazas a los miembros de los medios de comunicación.
El informe del Departamento de Estado también se refirió a “la extendida corrupción gubernamental, incluido el sistema judicial” y las amenazas contra las comunidades de origen africano, así como violencia contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
Las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, cometieron también un número “significativo” de delitos como asesinatos, extorsión, secuestros, torturas y tráfico de personas.
Pero EEUU también reconoció que el Gobierno hondureño “tomó medidas para juzgar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos”, aunque constató la impunidad “en muchos casos”, como en el asesinato del zar antidrogas Julián Aristides González en 2009
Nicaragua
Como en Honduras, EEUU señaló que las autoridades civiles nicaragüenses tiene dificultades en determinadas circunstancias “para mantener un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” y que los principales abusos de derechos humanos son ejecuciones ilegales, tortura y las duras condiciones penitenciarias.
EEUU también destacó “la casi completa falta de independencia judicial” e informes de “al menos un prisionero político”, el ex combatiente sandinista Marvin Vargas, así como “múltiples obstáculos para la libertad de expresión y de prensa”.
El informe señaló la “extendida corrupción” que afecta a la Policía, el sistema judicial y otros órganos gubernamentales, y “el aumento” de la violencia contra mujeres, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales.
Ante estos abusos, “el Gobierno, en raras ocasiones tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos”, ya fuesen miembros de las fuerzas de seguridad o del Gobierno, por lo que “la impunidad siguió siendo un problema extendido”.
Guatemala
Las principales violaciones de derechos humanos en Guatemala, donde las autoridades a veces fueron incapaces de “mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad”, son la “extendida corrupción gubernamental”, violencia contra personas con discapacidades y asesinatos de mujeres, según el informe.
EEUU también se refirió a “la corrupción e intimidación de jueces”, las duras condiciones penitenciarias y las amenazas contra periodistas por parte de organizaciones criminales y funcionarios corruptos.
El informe denunció la “violencia policial” contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en el país, el tráfico de personas, “las peores formas” de trabajo infantil y violencia contra sindicalistas y activistas laborales.
Además el Departamento de Estado dijo que la corrupción provocó que “la impunidad siguiese siendo extendida” y destacó que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar del país, sin éxito, al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.
Costa Rica
El informe señala que “no hay informes de graves abusos de derechos humanos” en Costa Rica y que el Defensor del Pueblo recibió 132 quejas de abusos policiales, detención arbitraria, torturas y otros abusos en los seis primeros meses del año, pero que “pocos de los acusadores” registraron sus quejas con las autoridades.
La sobrepoblación penal provocó duras condiciones penitenciarias y dificultó la atención sanitaria.
Panamá
Estados Unidos destaca que las autoridades civiles panameñas “mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad” del país y que los mayores problemas de derechos humanos fueron el uso de la fuerza excesiva en prisiones, la “extendida corrupción” incluido el sistema judicial, y la violencia mortal contra mujeres.
El informe constata que la Administración del presidente Juan Carlos Varela “siguió investigando acusaciones de corrupción contra funcionarios”.
