A partir de este jueves, las visitas de estadounidenses a la isla estarán prácticamente prohibidas y no se podrán hacer transacciones con alrededor de 180 entidades
Barack Obama no pudo terminar con el bloqueo ni con la prohibición de viajes de estadounidenses a Cuba, pero hizo prácticamente todo lo que estuvo en su mano para suavizarlos al máximo. Lo mismo sucedió con las inversiones de empresas en la isla. A partir de este jueves, eso va a cambiar.
Con la nueva regulación, a partir de este día, pasarán a ser ilegales acuerdos como los firmados la semana pasada por el gigante de la maquinaria pesada Caterpillar para abrir un almacén y un centro de distribución en Cuba, y por el productor de maquinaria agrícola Deere para vender tractores al Gobierno de La Habana, con destino a las cooperativas de la isla. Eso sí, esos contratos no se verán afectados, porque las normas no tienen carácter retroactivo.
Lo mismo pasará con los viajes, que a partir de hoy pasan a estar prácticamente prohibidos. Con la regulación de Obama, los estadounidenses podían viajar a Cuba siempre por nueve razones, entre las que no se encontraba el turismo, pero que incluían intercambios culturales o de investigación y visitas a familiares. Algunos supuestos rayaban en el chiste. Por ejemplo, comer en un restaurante privado en Cuba -los famosos ‘paladares’- era razón suficiente para obtener permiso a ir a la isla. Además, EEUU no solía pedir justificación a esos ‘pseudoturistas’, aunque todos los que iban a la isla sabían que era poco recomendable colgar fotos en Facebook de, por ejemplo, los ‘investigadores’ en la playa o apurando ron en algún bar.
A partir de esta fecha , los estadounidenses que visiten Cuba tendrán que ir en grupos, con un representante de la organización que organiza el viaje, que además deberá estar sometida a las leyes estadounidenses, y estarán obligados a presentar un plan detallado de sus actividades.
La medida es un golpe directo al naciente turismo entre EEUU y Cuba. Lo mismo que las regulaciones a la inversión. Las empresas estadounidenses no podrán invertir en la Zona Económica Especial de Mariel, una especie de ‘isla’ capitalista que el Gobierno cubano ha creado en el puerto de ese nombre, siguiendo el modelo de muchos países comunistas, desde China hasta Corea del Norte. Precisamente en Mariel -que está muy cerca de la ciudad de Tampa, en Florida, por vía marítima- es donde va Caterpillar a instalar su almacén.
En total, las personas físicas y jurídicas de EEUU van a tener prohibido llevar a cabo ninguna transacción con alrededor de 180 entidades cubanas, incluyendo al Gobierno de ese país (que era con quien Deere había firmado su acuerdo de venta de tractores). Esas 180 entidades no han sido escogidas de manera arbitraria, sino que forman parte del aparato estatal de Cuba y, en particular, de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas de ese país, que Washington considera la principal fuente de financiación del régimen y, en particular, de la familia C astro.
GAESA controla, por ejemplo, 27.000 plazas hoteleras en la isla, algunas subcontratadas a empresas extranjeras, como el gigante suizo de la hostelería de lujo Kempinski, además de restaurantes, y hasta empresas de alquiler de coches. Dado el peso de las Fuerzas Armadas en la economía de Cuba, es complicado para muchos inversores extranjeros hacer negocios en la isla sin tocar los intereses de GAESA.
Las medidas han sido anunciadas este miércoles por el Departamento del Tesoro, y en ellas está la marca de dos legisladores republicanos cubano-americanos. Uno es el senador Marco Rubio que está asumiendo parte de la dirección de la política exterior estadounidense hacia Cuba en buena medida por el caos y la desintegración operativa del Departamento de Estado desde que Rex Tillerson asumió el control de ese organismo.
El segundo es el miembro de la Cámara de Representantes Mario Díaz Balart, uno de los líderes más prominentes del ‘ala dura’ del exilio cubano en Miami. Donald Trump necesita el apoyo electoral de esa comunidad de exiliados, muchos de ellos procedentes de las primeras oleadas de refugiados de la dictadura de los Castro en EEUU en las décadas de los 60, 70 y 80. La generación más joven del exilio vota por el Partido Demócrata y está a favor de levantar el embargo en su totalidad.
