Opinión.- Abogado cuestiona CICG de Guatemala

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Por Mauricio Eduardo Colorado.-Ya no estoy tan convencido de los beneficios de una CICIG nacional, porque se hecho evidente que el poder, vuelve soberbios a quienes carecen de una cultura debida para los altos cargos que requieren conocimientos más refinados para este tipo de actividades.

Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala suscribieron hace algún tiempo, un acuerdo por medio del cual se creaba una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual mientras se mantuvo imparcial rindió frutos tan maravillosos que hicieron caer –y encarcelar- a la vicepresidenta y al presidente de la República.

Lamentablemente, tan importante logro fue desperdiciado por los titulares de la tal CICIG, que envaneció y envalentonó al titular de la Comisión, quien se empeñó en descalificar al actual presidente, lo cual produjo un encontronazo que a la larga transformó los primeros éxitos de la entidad, en un pleito político, que devaluó los logros del inicio.

A tal grado llegó el diferendo, que el presidente de la república declaró “non grato” al funcionario, cabeza de la comisión, y solicitaba su expulsión del país. Es de entender que la declaratoria y expulsión solicitada, no es un trámite de segunda clase, porque para el derecho y prácticas internacionales diplomáticas, las consecuencias son gravísimas.

El incidente hizo mover a las demás autoridades del Estado, y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, amparó al declarado “non grato” y con ello detuvo la expulsión del funcionario, quien aprovechando  ese amparo contraatacó, y por medio de terceros, solicitó al Congreso el desafuero del presidente para que lo juzgaran como ciudadano común. Pero el congreso, tomando conciencia de lo delicado del asunto, derrotó masivamente la solicitud del desafuero solicitado y con ello derrotó la pretensión del extranjero titular de la CICIG, y con ello Guatemala entera solventó un atentado grave a su soberanía.

Hasta ahí, la historia de lo hasta ahora ocurrido. Sin embargo, quienes observamos los incidentes de la hermana república, desde una barrera fuera de las fronteras guatemaltecas, tenemos el presentimiento que con lo ocurrido se ha puesto en claro que las naciones, por pequeñas o débiles que sean pueden mantener su dignidad y el respeto de cualquier entidad, por poderosa que sea (en este caso la propia Organización de las Naciones Unidas) quien por más poder político  que exhiba, debe ante todo, respetar las normas jurídicas y el estatus de personas jurídicas de los Estados que integran la organización.

El funcionario máximo de la CICIG debe entender que su cargo ha perdido valor y legitimidad, debido a que el Presidente de la República lo ha declarado “non grato”, y su continuidad en el cargo se hace inviable y lo mejor será que abandone, por su gusto, el territorio guatemalteco, antes de que la ONU lo destituya, o lo cambié de destino como medida de respeto hacia el gobierno y pueblo guatemalteco.

Lo ocurrido es lamentable, porque el éxito y simpatía de la CICIG, obtenido al principio, ha sido desecho con lo ocurrido, porque de esa forma se pone en tela de juicio, los alcances o abusos de este tipo de comisiones. En nuestro país, que tenía la esperanza que una comisión similar viniera a combatir la galopante corrupción, sentimos que se ha dado al traste -con lo sucedido en Guatemala-, con los deseos de instalar una CICIG, por el riesgo de que la simple comisión se auto considere una institución supra gobierno, que pretenda superar a las instituciones nacionales (Corte Suprema, Asamblea Legislativa, y Órgano Ejecutivo) y lo más importante y delicado, la soberanía nacional.

En lo personal, con la experiencia chapina, ya no estoy tan convencido de los beneficios de una CICIG nacional, porque se hecho evidente que el poder, vuelve soberbios a quienes carecen de una cultura debida para los altos cargos, que requieren conocimientos más refinados para este tipo de actividades, en El Salvador, y asumimos que en Guatemala y demás países del mundo, aborrecemos a cualquier funcionario que abuse de sus facultades legales, e irrespete al país que le ha recibido con bondad y fraternidad manifiesta. De regreso a su país a los funcionarios que irrespetan la soberanía de cualquier nación.