Los abogados del empresario José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, detenido por el supuesto blanqueo de más de 215 millones de dólares, pidieron durante la audiencia inicial que se le sigue a su cliente, el cambiao del delito de lavado de dinero por el de evasión fiscal.
El abogado David Morales indicó, durante la audiencia inicial, que se celebra en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, que “ninguna de las acciones expuestas por la Fiscalía encajan en el delito de lavado de dinero y activos, por lo que es necesario cambiar la calificación del delito a evasión fiscal”.
Morales también argumentó que el Ministerio Público “no ha justificado los hechos de lavado de dinero que le son atribuidos a Salazar” y agregó que “al no haber ilicitud en el origen de los fondos, es procedente que se modifique la calificación del delito”.
Junto a Salazar Umaña comparecen en la sala ‘B” del Centro Judicial Isidro Menéndez, su exesposa, Sara Paz Martínez, su hija Susana Noemy Salazar y Romelia Guerra Argueta, supuestamente implicados en el caso, mientras que su hijo José Adán Salazar Martínez se encuentra prófugo.
También están prófugos de la Justicia el alcalde de la occidental localidad de Metapán, Juan Umaña Samayoa; su hijo Wilfredo Guerra Umaña y su esposa, Miriam Salazar de Umaña, además de la pareja de Guerra, Tránsito Mira de Guerra.
Salazar Umaña, junto a otras 8 personas, entre las que se encuentran familiares suyos, son acusados de crear sociedades jurídicas que “fueron ocupadas como fachada” para “el blanqueo de activos”, acusó esta semana el fiscal general, Douglas Meléndez.
Durante la fase inicial del proceso, que comenzó este sábado, la Fiscalía solicitó que sea enviado a la etapa de instrucción y que se decrete la medida cautelar de la detención provisional para los imputados.
El fiscal que coordina el caso detalló que han presentado al Tribunal “un total de 699 piezas, que constan de 200 folios cada una, lo que suma un total de 139.800 folios”, con resultados de análisis financieros, tributarios y de registros de inmuebles y comercios sobre las sociedades creadas.
El grueso del capital en discusión se concentra en las empresas Hotesa S.A. de C.V., que tiene 7 hoteles, y Agroindustria Gumarsal, una de las principales proveedoras de harinas y granos básicos del país, con 6,1 y 177,1 millones de dólares, respectivamente, según la Fiscalía.
El organismo también investiga a otras 26 empresas creadas por los imputados, entre las que se encuentra Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., vinculada al vicepresidente de la República, el efemelenista Óscar Ortiz.
El Pasado viernes, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, excluyó a Salazar Umaña de la lista de Nacionales y Personas Especialmente Designadas de acuerdo a la Ley contra los cabecillas de carteles (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act en inglés).
El entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, identificó a José Adán Salazar Umaña como un narcotraficante extranjero significativo (también conocido como Tier I Kingpin) el 30 de mayo de 2014 debido a que información disponible en ese momento proporcionaba razón para creer que él tenía un papel significativo en el narcotráfico internacional.
Después de haber sido incluido en la lista de OFAC, Salazar Umaña solicitó a OFAC que revisara su caso. El criterio clave de la OFAC para mantener a una persona en la lista es que la información de la participación en la actividad de narcotráfico sea continua.
En el curso de la nueva investigación, la OFAC encontró que la información actual era insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos (por ejemplo, al mismo nivel del Cartel de Sinaloa de México o Los Cachiros de Honduras).
