En su último día al frente de la procuraduría de Derechos Humanos, David Morales responsabilizó el lunes al “acoso policial” de generar desplazamientos forzados en el país.
“Nos preocupa que en algunos de los casos las víctimas refirieron su intención de desplazarse o se habían desplazado por considerar una amenaza actividades de acoso de las autoridades policiales”, señaló Morales.
De acuerdo un estudio de la Procuraduría, entre el 2014 y el primer trimestre de 2016 la PDDH registró un total 236 casos que acumulan 427 víctimas, de los que el 6,7 % fue generado por “amenazas o acoso” de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según Morales, en su mayoría, estos casos se dan en el marco de las labores de seguridad de la Policía, pero que detectaron otros en los que los agentes de la PNC acosaban a las víctimas por “intereses de grupos económicos”.
El informe continúa relatando que en el 86,6 % de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las “amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso” de las pandillas.
En el estudio, que contó con el apoyo técnico de unas 13 organizaciones, “se evidencia nuevamente el abandono del Estado hacia las víctimas”.
“Es triste admitirlo, (pero) las políticas de seguridad en El Salvador nunca dieron prioridad a las víctimas, no han existido programas de atención o protección suficientemente amplios, las víctimas han estado discriminadas, (…) han estado a su suerte”, lamentó Morales.
No es la primera vez que los cuerpos de seguridad son acusados de generar desplazamientos forzados.
A inicios del año, la no gubernamental Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado publicó un informe en el que se indicaba que la PNC y el Ejército generaron el 3,4 % de los 146 casos que atendieron entre agosto de 2014 y diciembre de 2015.
Los casos que procesó la mesa en el primer semestre del 2016 dan cuenta de que los desplazamientos “generados por actores estatales han sufrido un incremento” a raíz de las políticas antidelincuenciales.
“De persistir una tendencia de focalizar desde una perspectiva de seguridad pública la problemática de la violencia en El Salvador, difícilmente se va a contribuir en la disminución del fenómeno”, acotaron representantes de la mesa.
El número de personas que han tenido que huir de sus hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras se multiplicó por cinco entre 2012 y 2015, hasta 109.800 personas, alertó en junio pasado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
