Hoy 23 de septiembre es el día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, día que se acuñó en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
La realidad de la explotación sexual es la compraventa de mujeres, niñas y niños para explotarlos sexualmente, aprovechando su vulnerabilidad, su pobreza, su desigualdad por razón de género, y algunas veces los conflictos étnicos y desastres naturales.
La explotación sexual es la forma de trata más numerosa y conlleva un fuerte componente de género pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas. Se trata de una de las formas más oprobiosas de violencia contra las mujeres; no respeta ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de posición económica, raza o cultura.
La otra realidad es que en nuestro país, al igual que en otros países del mundo, hay explotación sexual. Dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, como ocurre en la cruel ruta del éxodo migratorio, mujeres y niñas son despojadas de sus derechos, cosificadas, mercantilizadas y convertidas en un objeto más: son prostituidas.
En el caso de la explotación sexual local estas relaciones de poder y desigualdad posicionan en un lado a la oferta, las mujeres y niñas , y en otro la demanda, que es masculina.
Creemos que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de poner a sus unidades especializadas al servicio de la población femenina del país y evitar así que mujeres y niñas de segunda, subidas en sus tacones y con sus cuerpos semidesnudos, paseen por las calles creyendo que ser mercancía sexual es su mejor opción.
La causa de la explotación sexual es surtir una demanda compuesta por hombres, que deciden usar y abusar de esa situación de vulnerabilidad de mujeres, creyéndose con el privilegio de poder usarlas a su antojo, como si se tratara de un objeto. La Fiscalía debe responder a su obligación constitucional de defender a la sociedad salvadoreña protegiendo a las víctimas directas de este oprobio. investigando a los responsable y dando calidad de cómplice todo aquel o aquella persona que no recrimine o desapruebe esta conducta y de cualquier modo la favorezca.
Permitir o dar cabida a la posibilidad de negociar con los cuerpos de las mujeres nos impide vivir en una sociedad igualitaria y libre de violencia de género. El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es mirar hacia otro lado y hacerse los desentendidos. .
