La corrupción política ha dejado de ser impune en Latinoamérica a tenor de los procesos judiciales emprendidos durante 2016 que en algunos casos han llegado a derribar gobiernos y abrir las cárceles a varios exgobernantes.
El presidente de Transparencia Internacional, el abogado peruano José Ugaz, opina en declaraciones a periodistas que efectivamente “la situación de la denominada Gran Corrupción -la cometida por personas que detentan poder económico o político- está experimentando cambios interesantes en América Latina, donde hasta hace muy poco, la regla era que ese tipo de delitos permanecían impunes”.
Fue Ugaz precisamente quien sentó las bases de los procesos abiertos durante los últimos años en Latinoamérica por corrupción política tras ser nombrado en 2001 procurador ad hoc por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, contra el que abrió una investigación que lo llevó ser condenado a 25 años de cárcel.
El de Fujimori -comenta Ugaz- “fue el inicio de una serie de casos en los que los perpetradores de Gran Corrupción empiezan a enfrentar las consecuencias legales de sus actos”.
Estos son los casos más sonados de 2016
Operación Lava-Jato (Brasil)
Aunque la investigación por el esquema de corrupción que se montó en la petrolera estatal brasileña, la más grande de América Latina, Petrobras, comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño, el caso tomó dimensiones mundiales en 2016. Este año fueron encarcelados con duras penas los propietarios y ejecutivos de las principales empresas constructoras de Brasil, acusados por corrupción en la obtención de licitaciones de la estatal Petrobrás. Aún más, producto de delaciones, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, estaría a punto de ir a juicio por financiación política corrupta y obtención de licitaciones.
Lula se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos acusado de recibir pagos y favores de sendas constructoras, y en un tercero por supuestamente haber tratado de callar a un testigo que lo señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera Petrobras.
El Salvador
Mauricio Funes Cartagena, ex presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tiene un juicio por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014).
Funes, así como su hijo Diego Funes Cañas y la exprimera dama, la brasileña Vanda Pignato -actual secretaria de Inclusión Social- enfrentan un proceso civil por no poder justificar la procedencia de más de $700,000 cuando la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales.
Además, el asesor político de Mauricio Funes, Joao Santana, actualmente convicto por corrupción en el Brasil, realizó negocios y movimiento de dineros a través de la empresa Polistepeque Comunicación y Marketing, a la cual el gobierno le dio, en 2010 y 2011, $2.8 millones en contratos de publicidad sin licitación y a través de la modalidad de contratación directa.
Santana, recién condenado a ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción en la petrolera estatal de Brasil: Petrobras, fundó la agencia el 7 de julio de 2009, cinco semanas después que Funes asumiera el poder, según la escritura de constitución de la sociedad archivada en el Centro Nacional de Registros (CNR), otro de los hijos de Funes era socio oculto en el negocio.
Funes recibió asilo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega y se declara “perseguido político”.
El expresidente salvadoreño (2004-2009) Elías Antonio Saca, más conocido como Tony Saca, fue encarcelado, a espera de juicio sin derecho a fianza, y todos sus bienes fueron embargados bajo la acusación de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero para desviar 246 millones de dólares del presupuesto público a cuentas privadas. Otros 6 exfuncionarios de su gobierno también fueron detenidos.
En enero de 2016, otro expresidente, Francisco Flores, murió de un derrame cerebral mientras esperaba su juicio. También había sido acusado de corrupción y malversación de las arcas públicas. El Salvador recibió el apoyo de una unidad de lucha contra la corrupción financiada por Estados Unidos, un órgano similar patrocinado por la ONU en Guatemala y gracias al cual se han adelantado varias investigaciones.
Guatemala
Este caso fue uno de los más significativos por sus resultados. Por primera vez, un presidente en ejercicio terminó en la cárcel. El expresidente (2012-2015) Otto Pérez Molina y la que fuera su vicepresidenta Roxana Baldetti fuero acusados de saqueo del Estado mediante una trama de fraude aduanero denominada “La Línea”. El juicio comenzó a mediados de este año.
Ambos están acusados más concretamente de asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo en un caso denominado “Cooptación del Estado” por el que están imputadas más de 50 personas, la mayoría de ellas exaltos funcionarios del Estado.
Argentina
La expresidenta argentina (2007-2015) Cristina Fernández fue procesada este año por supuesto perjuicio al Estado, en una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su mandato, basadas en el instrumento financiero denominado dólar futuro. Fernández es además accionista de varias empresas que son investigadas por la Justicia argentina, que ha empezado a tasar las propiedades de la expresidenta.
La Justicia argentina determinó el procesamiento de la expresidenta Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, informaron fuentes judiciales.
Sin bien la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.
En el expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre, se estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó, además, un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) contra Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.
Panamá
Este es uno de los países latinoamericanos donde existen mayores sospechas de corrupción.El presidente Juan Carlos Varela nombró al inicio de su mandato a Kenia Porcell como Procuradora General y aparentemente le dio plenos poderes para actuar contra la corrupción Porcell realizó inicialmente una serie de espectaculares arrestos con métodos muy discutidos de exfuncionarios y empresarios allegados al antecesor de Varela, Ricardo Martinelli, sin que hayan concluido en siquiera proceso alguno sólidamente abierto.
El gobierno panameño ha solicitado, sin muchos esfuerzos ni éxito, la extradición de Martinelli a Estados Unidos, donde el millonario exgobernante reside mientras en su país es investigado sin mucho éxito hasta ahora por varios casos de supuesta corrupción.
Panamá también fue epicentro de los llamados Panama Papers, la filtración de más de 11 millones de documentos vincula a la firma de abogados de dese país Mossack Fonseca con líderes políticos de todo el mundo (entre ellos el presidente de Rusia Vladimir Putin), la FIFA (federación de fútbol) y miles de empresas comerciales dedicadas a evadir impuestos o realizar operaciones ilícitas, entre la que se destacan la financiación de acciones de guerra; todas ellas posibles por la maraña legal que permite el anonimato de los titulares de esas empresas.
