Por Mauricio Eduardo Colorado.- Con los artificios de la tradicional izquierda tales como justicia retributiva, delitos de lesa humanidad, justicia restaurativa, y otras medidas inventadas por los “derechos humanos, España se hace los bigotes, porque tiene la impresión de que por fin “se hará justicia” en el llamado “caso jesuitas” al haber logrado que los Estados Unidos deporten al Coronel Montano hacia Madrid, a que “responda” por actos de guerra, que en el derecho internacional se toman como actos de guerra, pero que en el caso presente, se toma como crimen ordinario que debe juzgarse por tribunales comunes.
El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Antigua Guatemala, Centroamérica decidió romper el yugo con el que España sometía las regiones “descubiertas” por Cristóbal Colon, hace mas de 500 años. La realidad de los hechos han permitido que la España actual haya burlado la independencia obtenida en 1821, al iniciar un juicio sobre un hecho ocurrido en nuestro territorio, bajo el pretexto de que el juicio desarrrollado por nuestros tribunales, no fue justo, y tal circunstancia le concede legitimidad a una farsa –remedo de juicio- celebrada en Madrid, que no le garantiza equidad a la defensa de nuestros nacionales. Ha quedado en evidencia, que las instituciones internacionales de “derechos humanos” y sus integrantes, han logrado efectuar una labor intrigante, que según ellos reivindica la justicia sobre los tristes sucesos ocurridos en el plantel de la UCA, mientras se desarrolló la llamada Ofensiva final de la guerrilla a nivel de país.
El simulacro de juicio que España desea celebrar viola impunemente el principio universal de territorialidad que establece que los casos se juzgan en el territorio donde suceden los hechos a juzgar. Con el argumento de que el juicio celebrado en El Salvador perdió legitimidad porque no se condenó al gobierno ni funcionarios encargados de defender la integridad y vidas humanas en el territorio salvadoreño, la repugnante izquierda internacional ha logrado escalar posiciones internacionales que le dan “legalidad” al proceso español, violatorio de nuestra soberanía. Nada ha importado que nuestra legislación penal considere como delito la aceptación de personas extranjeras pretendan imponer jurisdicciones extraterritoriales, en nuestro país. Debemos recordar, que El Salvador es un estado soberano que se rige por sus propias leyes y sus propias autoridades.
De esa forma, tenemos como consecuencia que cualquier hijo de vecino, venga a nuestro país a querer imponer abusivamente normas que nuestra idiosincracia rechaza por falta de ética y moral, como querer obligar a despenalizar el aborto, y otras medidas atentatorias.
Es hora que nuestro país denuncie ante el concierto de naciones que El Salvador es soberano e independiente y que tiene capacidad para enjuiciar a nacionales o extranjeros que atenten contra tales principios. Podemos entender que nuestro gobierno actual se muestre tímido y silencioso, probablemente debido a que sus pecados son tan o más graves que los que reclama España. Pero tal condición no puede coartar la libertad de pensamiento que los ciudadanos gozamos.
En estos precisos momentos España sufre una crisis con sus territorios en la zona de Cataluña, que por múltiples razones desean ser independientes. O sea que el problema español tiene caracteres institucionales que no le garantizan la paz ni la estabilidad al reino.
Es fácil comparar lo que sucede con los catalanes independentistas y su reino, con la inmoral intervención abusiva en El Salvador. Nuestras autoridades están en la obligación de cumplir con su juramento de defender la soberanía a cualquier precio. Tal principio no es de cumplimiento optativo, linda con lo que puede configurar con el concepto de traición a la patria. Que viva El Salvador soberano e independiente.
Comments are closed.