Sala de lo Penal confirma sentencia de 10 años para Saca y ordena devolución de 260 millones

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El ex presidente de la República, Elías Antonio Saca

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 10 años y la ordenó la devolución de 210 millones paral expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores y exfuncionarios de casa presidencial, Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank, y los exempleados Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez quienes deberán pagar $301 millones al Estado. Además de permanecer en la cárcel conforme con la sentencia que dictó el Tribunal Segundo Sentencia de San Salvador en julio de 2018.

La decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal ordenó que sean revertidas las disposiciones tomadas por la Cámara Segunda de lo Penal a inicios de julio pasado. En ese momento, los magistrados de la cámara establecieron que el peritaje presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) no era suficiente como para establecer el monto a ser reintegrado por los condenados.

“La pericia tuvo limitaciones, entre ellas la imposibilidad de valorar toda la documentación solicitada, se advierte que esta cámara verificó otros beneficiarios finales, entre estos personas naturales y jurídicas”, dijo la cámara, en ese entonces, en respuesta ante las apelaciones de la defensa por la sentencia del tribunal.

La cámara ordenó en julio pasado que los condenados por peculado (apropiación de fondos públicos) y lavado dinero no debían regresar el dinero en ese momento. Sin embargo, el secretario de la cámara explicó que eso no significaba la anulación del reintegro del dinero, sino daba una “oportunidad” para que la Fiscalía presentase ante un juzgado civil un nuevo caso para definir mejor las cantidades que debían reintegrar cada uno de los sentenciados.

La Sala de lo Penal, en cambio, consideró que los exfuncionarios deben reintegrar el dinero tal y como fue previsto por la sentencia inicial. Además, deben pagar $347,117.17 adicional por un “error material” en la condena. Eso por sobre los $300 millones ya establecidos por el Tribunal Segundo de Sentencia.