Por Redacción DL.-.- Existe un adagio atribuido a Sigmund Freud, famoso psicoanalista conocido por sus aportes al arte, la filosofía, la literatura, la medicina, la mitología, la neurología, la psicología, la psicoterapia y la psiquiatría, según el cual, el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice.
Traemos a cuenta el mencionado adagio para recordarle, con el debido respeto, al Fiscal General de la República, Raúl Melara, que recién tomó posesión de su cargo aseguró que pondría fin a las arbitrariedades en la FGR y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto ex fiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía De eso hace ya un año y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior son los dos fallos judiciales en las últimas semanas que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
Quizás de los dos fallos a los que nos referimos uno merece más atención que el otro, no porque sea más o menos importante, sino por el desprestigio que ha traído al ministerio público por más de un años
El caso corruptela, como lo bautizó Douglas Meléndez, fue una vulgar patraña construida por este, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “inventar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
El primero de los casos a los que nos referimos es el de los empleados de la FGR, vinculados al caso corruptela, en calidad de testigos criteriados, que se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que estos renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández, por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
Los supuestos testigos criteriados que se “auto vincularon” al caso corruptela, fueron sobreseídos por la jueza 7º de Paz, quien recriminó fuertemente a la Fiscalía General por la supuesta persecución a la que estuvieron sometidos dichos fiscales, persecución que parece no haber terminado a pesar en la actual administración que preside Raúl Melara. Aún no nos explicamos a la actual fiscalía, tratando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio ayer. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía..
El juez advirtió a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
La conclusión a la que ha llegado este valiente juzgador, luego que acusó a la FGR de haber sido parcializada, pasará a la historia jurisprudencial del país; no es para menos: “En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos”
Las declaraciones del Juez Salazar han sido interpretadas en distintos sectores académicos del país como un “trascendental” señalamiento de que en todo esto la FGR ha jugado un papel “consentidor” que permitió parcializar los dos casos mencionados para favorecer claramente a los políticos y con la consecuente violación a la ley. Todo esto habría ocurrido con la venia de Douglas Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el ex fiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cuscatlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Que tienen en común estos dos trascendentales fallos que han puesto a prueba el sistema de justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicación e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aun existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados y renuente a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
