El Tribunal Supremo respaldó el veto del presidente a los militares transgénero, que no había llegado a entrar en vigor porque fue bloqueado por diversas cortes que consideraron que atentaba contra el derecho a la igualdad.
“La decisión del Tribunal Supremo (5-4) concede que la solicitud de la Administración Trump para permitir que el veto del servicio militar de las personas transgénero entre en efecto, mientras que las apelaciones se escuchan en tribunales inferiores”, indicó la máxima corte del país en un comunicado.
El Tribunal, con mayoría conservadora tras la llegada del juez Brett Kavanaugh a finales del 2018, decidió así que la propuesta del Departamento de Defensa puede entrar en vigor próximamente.
El Gobierno de Trump decidió llevar su veto al Supremo en noviembre para que se pronunciara sobre esa política y argumentó que el bloqueo judicial forzó al Ejército a mantener una política anterior, a pesar de que un informe elaborado por el Pentágono estableció que la incorporación a filas de personas transgénero “pone en riesgo la letalidad y eficacia militar”.
Hace tres semanas, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia falló que esta prohibición anunciada por el Pentágono en 2017 no debería haber sido bloqueada mientras era impugnada, a pesar de lo cual la medida no pudo entrar en vigor aún por dictámenes similares de otros tribunales.
Sin embargo, tras la decisión del Supremo de hoy, el Ejecutivo de Trump puede legalmente dar inicio a esta controvertida política.
Trump anunció en julio de 2017 que tenía la intención de prohibir a todas las personas transgénero trabajar en el Ejército, aunque posteriormente la Casa Blanca aconsejó que no se permitiera el alistamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo.
Finalmente, la cartera de Defensa presentó en marzo del año pasado una normativa que establecía que las personas con “un historial de disforia de género (…) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas”, pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.
Tampoco esta normativa se pudo implantar puesto que, además de generar el rechazo de numerosos grupos sociales y de parte del estamento militar, fue nuevamente bloqueada por la Justicia por considerar que se trataba de una medida discriminatoria que atentaba contra los derechos constitucionales.
En total se presentaron cuatro demandas contra estas prohibiciones y varios tribunales impidieron entonces que la política entrara en vigor.
Desde ya grupo defensores de la comunidad LGBTQ se han pronunciado en contra de la decisión de la Corte Suprema.
