Miles de salvadoreños salieron a protestar por las calles de San Salvador en contra del gobierno de Nayib Bukele y exigieron el cese de los atropellos a los derechos humanos, denunciaron la falta de acciones para localizar a los desaparecidos, el retrocesos en materia de género y el desinterés de rescatar el ahorro de cientos de salvadoreños en la financiera COSAVI.
En otras calles, hubo desfiles de soldados, policías y estudiantes, con el apoyo y logística del gobierno de Nayib Bukele.
El desfile del gobierno inició con la participación de la Banda de El Salvador, integrada por más de 1.000 jóvenes, unidades élites de las Fuerzas Armadas y la policía seguidas de más de 2.500 estudiantes acompañados de grupos musicales de centros escolares de la capital.
Las calles tradicionales de ddesfile fueron prohibidas a la oposición y sociedad civil con la guardia de contingentes policiales.
Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como «no más corrupción», «libertad para mi familiar», «no más criminalización de sindicalistas», «no más régimen» y «vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso». Entre las consignas que gritaban, se oían «defendemos inocentes, no delincuentes» y un grupo de afectados por la institución financiera COSAVI pedían al Estado les permitan recuperar sus ahorros..
Alfredo Mejía, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), explicó a periodistas que el régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno tras una escalada de asesinatos atribuido a las pandillas, se ha convertido en un «régimen de represión».
Según Mejía, se siguen registrando «detenciones arbitrarias» bajo engaño de las autoridades y sin órdenes de captura, además de amenazas contra los abogados que defienden a las personas detenidas.
«Aparentemente vivimos en una realidad perfecta, en la que aquí no se muere nadie, pero cada semana tenemos una mujer asesinada en las manos de sus parejas y, si antes habían violaciones y acosos de parte de los criminales, ahora también los militares lo hacen», sostuvo Amaranta Portillo, representante de la Resistencia Feminista.
Desde que entró en vigor el estado de excepción —que permite suspender derechos fundamentales— unos 82,000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría está en prisión por el presunto delito de agrupación ilícita y con detención provisional sin condena firme.
Más de 7,000 personas han sido liberadas por las autoridades debido a la falta de pruebas para vincularlas con esas estructuras criminales, según las autoridades.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han registrado más de 6,000 denuncias hechas por las victimas bajo el régimen excepción, aseguran haber contabilizado la muerte de al menos 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.
