El expresidente del Gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales presos políticos del régimen chavista a petición de sus familias: el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Ambos están acusados de ser los responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se saldaron con más de 40 muertos en las calles.
La decisión de Felipe González obedece al creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la ausencia de garantías jurídicas de los acusados, presos en la cárcel militar de Ramo Verde, a unos 30 kilómetros de Caracas. La iniciativa del político español, según ha sabido este diario, pretende también romper el silencio que han mantenido la mayoría de los Gobiernos de América Latina ante los abusos del régimen chavista.
Instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unasur han fracasado hasta ahora en su intento de mediar en la crisis política venezolana. Caracas tampoco ha atendido las reclamaciones para que libere a los presos políticos formuladas en las últimas semanas por la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá y Colombia así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht, entre otros.
El propio Felipe González, quien mantiene una profunda relación con Venezuela desde los años ochenta, expresaba el pasado domingo en una entrevista con este periódico su preocupación por el actual “descenso en la defensa del funcionamiento de la democracia en América Latina” y abogaba por un “diálogo serio” entre el Gobierno y la oposición de Venezuela. “Y parte del diálogo es que no se puede detener a los representantes políticos. El presidente Maduro dice que allí no hay presos políticos sino políticos presos; yo diría que hay políticos presos por ser políticos”, afirmaba.
Ya en noviembre una treintena de exjefes de Estado y de Gobierno, integrados en el Club de Madrid, suscribían un texto datado en Florencia (Italia) en el que calificaban de “arbitraria” la detención de López y exigían su puesta en libertad. La declaración estaba firmada, entre otros, por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).
Desde entonces, la situación política, social y económica de Venezuela no ha dejado de deteriorarse. A la más alta inflación del mundo, que ronda el 70%, las reiteradas devaluaciones del bolívar, la escasez de alimentos básicos y medicinas y el aumento de la inseguridad ciudadana se han sumado el endurecimiento del Gobierno de Maduro contra la oposición —el Ejército ha sido autorizado, contraviniendo la Constitución, a disparar contra los manifestantes— y la prensa independiente.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido en su oficina, golpeado y encapuchadopor una veintena de agentes de la Sebin que tuvieron que realizar varios disparos al aire para dispersar a vecinos y curiosos. Horas después de su arresto, Maduro lo acusó en radio y televisión de estar detrás de un supuesto golpe de Estado, que se habría activado a partir del manifiesto llamado Acuerdo Nacional de Transición firmado por Ledezma, Leopoldo López y la diputada María Corina Machado. En su alocución, el sucesor de Hugo Chávez calificó a Ledezma de “vampiro” y amenazó a los firmantes con un “puño de hierro chavista” ante la justicia.
La mujer de Ledezma, Mitzy Capriles, que ha hecho a Maduro responsable de la vida de su esposo, visitó recientemente el Parlamento Europeo y también Madrid, donde se entrevistó con el presidente Mariano Rajoy, los exmandatarios Felipe González y José María Aznar y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, entre otras personalidades. “El único golpe de Estado en Venezuela es el que recibe el ciudadano en el estómago cuando no encuentra los alimentos necesarios para subsistir”, comentó en conversación con este diario.
Ledezma comparte penal con Leopoldo López, preso desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero de 2014 y sometido desde entonces a un proceso judicial tan opaco como lleno de incidencias. López, exalcalde de Chacao y líder del partido Voluntad Popular, a quien Maduro suele llamar el Monstruo de Ramo Verde, está acusado por la fiscalía de instigar los incidentes que sacudieron Venezuela entre febrero y mayo del año pasado. De forma intermitente e imprevisible, López que estudió Derecho en la Universidad de Harvard, es trasladado desde la cárcel al tribunal de Caracas para asistir a las audiencias de su caso. La juez se encarga de que nada de lo que diga López trascienda a la opinión pública pese a que se trate de un acto público como es por ley un juicio oral. En la sala no se admiten ni periodistas ni representantes diplomáticos ni se pueden tomar notas. Además, los equipos electrónicos son incautados a la entrada.
Mucho peor es su circunstancia en prisión. En una entrevista manuscrita filtrada a través de la cárcel con EL PAÍS, López contaba que había pasado los primeros seis meses de encierro en total aislamiento y describía así su situación: “Las conversaciones con mi defensa son grabadas. Leen y confiscan mi correspondencia de manera arbitraria, hemos sido víctimas de requisas violentas por parte de comandos de inteligencia militar, han lanzado excremento humano dentro de nuestras celdas y en todo momento somos grabados directa o clandestinamente”.
La ONG venezolana Foro Penal calcula que en la actualidad hay 102 personas que cumplen condena o están siendo procesadas por casos relacionados con la violencia política. También denuncia las arbitrariedades judiciales que se llevan a cabo. A la defensa de López no se le ha permitido hasta el momento presentar a sus testigos. En el caso de Rodolfo González, de 64 años, hallado muerto en su celda el pasado día 13 y también acusado de organizar las protestas de 2014, la única prueba en su contra provenía de un testimonio anónimo. El régimen llama a estos delatores “patriotas cooperantes”.
