En medio de una narrativa oficial centrada en seguridad pública y megaproyectos urbanos, el Gobierno de Nayib Bukele ha descuidado una de las dimensiones más urgentes y estructurales del bienestar nacional: la seguridad alimentaria. Mientras se celebran cifras de reducción de homicidios, el acceso a alimentos nutritivos y asequibles sigue siendo una deuda pendiente, especialmente para las comunidades rurales y los sectores más vulnerables.
Cifras que desnudan la realidad
- Más de 1.3 millones de salvadoreños viven en inseguridad alimentaria moderada o severa, según el último informe de la FAO y el PMA (2024).
- El 42% de los hogares rurales reporta dificultades para acceder a alimentos básicos como frijol, maíz y arroz.
- El precio del maíz aumentó un 38% entre 2022 y 2024, mientras que el frijol subió un 45%, afectando directamente la dieta tradicional salvadoreña.
- La producción nacional de granos básicos cayó un 12% en 2023, debido a la falta de apoyo técnico, crédito agrícola y políticas de adaptación al cambio climático.
- El presupuesto destinado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) representa apenas el 0.7% del gasto público total, muy por debajo del promedio regional.
¿Dónde está el apoyo al productor?
Los pequeños y medianos agricultores, que sostienen la base alimentaria del país, han sido relegados en las prioridades del Ejecutivo. La falta de inversión en infraestructura rural, asistencia técnica, comercialización y acceso a mercados ha debilitado la capacidad productiva nacional. Mientras tanto, se promueve la importación de alimentos como solución rápida, lo que aumenta la dependencia externa y vulnera la soberanía alimentaria.
Silencio frente a la desnutrición
El gobierno ha evitado pronunciarse sobre los indicadores de desnutrición crónica infantil, que afectan al 14% de los niños menores de cinco años en zonas rurales. Tampoco ha presentado una estrategia nacional integral para enfrentar el hambre oculta, la malnutrición y el sobrepeso, que coexisten en un sistema alimentario desequilibrado.
Ignorar la seguridad alimentaria no solo compromete la salud de la población, sino que debilita la resiliencia del país ante crisis climáticas, económicas y migratorias. Sin una política pública robusta que articule producción local, nutrición, educación alimentaria y acceso equitativo, El Salvador seguirá dependiendo de factores externos para alimentar a su gente.
La seguridad alimentaria no es un tema menor ni técnico: es una cuestión de soberanía, justicia social y desarrollo sostenible. El Gobierno de Bukele, al priorizar el espectáculo sobre la estructura, ha dejado de lado una tarea esencial que define el futuro del país. Es hora de que las organizaciones sociales, cooperativas agrícolas y medios independientes exijan respuestas concretas y políticas públicas que pongan el alimento en el centro del debate nacional.
