Salvadoreños en EE.UU con TPS esperan con incertidumbre a una semana del vencimiento del programa temporal
A siete días de que venza la protección migratoria que ha amparado a decenas de miles de salvadoreños durante casi tres décadas, ni el Gobierno de Nayib Bukele ni la Cancillería salvadoreña han emitido una postura pública sobre el destino de sus connacionales. El Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador vence formalmente el 9 de septiembre, y hasta el cierre de esta nota, ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha anunciado oficialmente su terminación o extensión, ni el Ejecutivo salvadoreño ha hecho gestiones públicas conocidas para evitarlo.
Un silencio que ya es noticia en sí mismo
El vacío oficial no ha pasado inadvertido. Medios locales lo describen como “absoluto silencio” por parte del gobierno de Bukele, advirtiendo que esa falta de pronunciamiento admite dos lecturas: la más optimista, que Washington podría verse obligado a prorrogar el programa por al menos seis meses como consecuencia de no haber anunciado su terminación con los 60 días de anticipación que exige la ley estadounidense; la más sombría, que el silencio refleja simplemente que no hay nada que anunciar. Voceros de organizaciones de la diáspora han sido más directos: ante la pregunta de qué acuerdos concretos ha logrado la Cancillería o la embajada salvadoreña en Washington sobre el tema migratorio, la respuesta ha sido, en palabras de uno de ellos, “un silencio sepulcral, el cual te está diciendo: el Gobierno de El Salvador no se atreve a pedirle a este Gobierno un paliativo” para la crisis social que se avecina. La diputada de oposición Marcela Villatoro (ARENA) llegó a pedir públicamente, a mediados de agosto, que el oficialismo actuara “por humanismo” a favor de los más de 200,000 salvadoreños que llevan, en muchos casos, un cuarto o la mitad de su vida residiendo en Estados Unidos, y recordó que para gobiernos anteriores —de derecha o de izquierda— el TPS siempre fue tratado como una prioridad de política exterior.
No todos coinciden en que haya inacción real. El analista Walter Araujo ha defendido que el Ejecutivo sí ha gestionado la renovación “con el secretario de Estado, Marco Rubio, con los contactos del Caucus, con la embajada de San Salvador en Washington”, aunque reconoce que la decisión final “no depende de Bukele ni del Gobierno salvadoreño, sino de las autoridades estadounidenses”. Lo cierto es que, gestiones privadas o no, no existe hasta hoy una declaración pública, un comunicado de Cancillería o una comparecencia del canciller Alexandra Hill Tinoco que explique a la población afectada cuál es la estrategia del Estado salvadoreño frente a este vencimiento.
Lo que hay, y lo que falta, en los hechos
El cuadro técnico es el siguiente: el 12 de agosto, USCIS confirmó mediante una alerta administrativa que los permisos de trabajo de los beneficiarios se extienden automáticamente hasta el propio 9 de septiembre, fecha en la que vence toda la designación. Según el último conteo disponible, el programa protege a 170,125 salvadoreños. El Departamento de Estado, por su parte, anunció a finales de agosto la organización de una cumbre económica bilateral con El Salvador, y su portavoz, Tommy Pigott, calificó a Bukele como “uno de nuestros socios más valiosos en la región” —un dato que alimenta la expectativa de que la cercanía política entre Bukele y Donald Trump juegue a favor de una nueva prórroga, en contraste con lo ocurrido con Honduras, cuyo TPS sí fue formalmente cancelado por Washington este año. El propio Trump declaró en 2025 que no había terminado el TPS salvadoreño por la “excelente relación” con un “líder fantástico”, en referencia a Bukele. Pero cercanía política y garantía formal no son lo mismo, y a una semana del vencimiento, esa garantía sigue sin existir por escrito.
El costo económico de un eventual fin del programa
El trasfondo que explica la magnitud del riesgo es económico, y las cifras son contundentes. Las remesas familiares representan actualmente entre el 24% y el 27% del Producto Interno Bruto de El Salvador, según distintas mediciones del Banco Central de Reserva a lo largo de 2025 y 2026, un porcentaje que sitúa al país entre los más dependientes de este flujo en el mundo, solo comparable en la región con Honduras (30.4%) y Nicaragua (30%). En 2025, el país recibió un monto récord de 9,987.9 millones de dólares por remesas, un incremento del 17.7% respecto al año anterior, con Estados Unidos como origen del 91.6% al 92% de esos envíos. Uno de cada cuatro hogares salvadoreños depende de este ingreso, y el propio Banco Central atribuye a las remesas haber sacado a cientos de miles de personas de la pobreza en los últimos años.
Es sobre esa base que el economista Ricardo Balmore López, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador, advirtió esta semana que un retorno masivo y forzado de salvadoreños amparados por el TPS —sumado a otras figuras migratorias en riesgo— podría golpear con severidad la estabilidad de la economía nacional, precisamente por esa alta dependencia estructural de las remesas frente a fuentes de ingreso más productivas, como la inversión extranjera directa, que de hecho cayó 37% entre 2024 y 2025, de 756 a 475 millones de dólares, justo cuando las remesas seguían expandiéndose. La lectura es inquietante: mientras la inversión productiva se contrae, la economía salvadoreña se sostiene cada vez más sobre un flujo de dinero que depende, en última instancia, de una decisión administrativa tomada en Washington y sobre la que el Gobierno salvadoreño —a juzgar por su silencio— parece tener escaso margen de influencia real, o al menos escasa voluntad de hacerlo público.
Una eventual pérdida del estatus legal de 170,000 personas no solo implicaría el riesgo de deportaciones y la consecuente caída abrupta de remesas para las familias directamente afectadas; también representaría, según advierten economistas locales, un choque de confianza sobre el tipo de cambio efectivo, el consumo privado —que las propias remesas sostienen casi en su totalidad, dado que menos del 2% de esos fondos se destina a inversión productiva— y los avances en reducción de pobreza que el país ha logrado documentar en los últimos años.
El otro frente: la política migratoria en EE.UU y el costo electoral que el gobierno salvadoreño no está capitalizando
Existe además una dimensión electoral estadounidense que el silencio de San Salvador deja completamente huérfana. Dentro del propio sistema político de Estados Unidos, congresistas de distintos distritos con alta concentración de población salvadoreña han presionado activamente por una extensión: el congresista demócrata Tom Suozzi, de Nueva York, solicitó públicamente a la administración Trump ampliar el TPS para El Salvador. Comunidades de la diáspora en ciudades como Los Ángeles, Houston, Washington D.C. y Nueva York —bastiones con peso electoral real en el Congreso estadounidense— representan precisamente el tipo de circunscripciones donde una crisis humanitaria de este tipo puede convertirse en un asunto de campaña, y donde legisladores de ambos partidos han históricamente necesitado mostrar resultados concretos ante sus electorados de origen centroamericano. La ausencia de una gestión pública y visible por parte del Gobierno salvadoreño —que sí podría, como han hecho cancillerías de administraciones anteriores, coordinar abiertamente con esos aliados legislativos, documentar el respaldo económico que representa la diáspora para ambos países, y convertir el tema en un asunto de cabildeo bilateral explícito— deja ese terreno de presión política prácticamente desaprovechado, en momentos en que otros países de la región, como Honduras, sí activaron a su canciller para protestar públicamente la cancelación de su propio TPS.
El posible costo político interno para el oficialismo
La pregunta que empieza a plantearse en sectores opositores y de la sociedad civil salvadoreña es si esta inactividad tendrá un costo político para los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa, quienes históricamente han evitado pronunciarse sobre temas migratorios binacionales para no desgastar la relación bilateral con la Casa Blanca. El propio presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, llegó a declarar —según ha trascendido— que espera que haya “otra renovación del TPS”, una afirmación que organizaciones de la diáspora calificaron de insuficiente frente a la magnitud del riesgo. El contraste es notorio: mientras la bancada oficialista ha mostrado capacidad de reacción inmediata y communication coordinada en temas de seguridad interna —como las sucesivas prórrogas del régimen de excepción—, en el frente migratorio, que afecta directamente a cientos de miles de familias salvadoreñas y a un cuarto del PIB nacional, ha optado por el silencio absoluto. Si el TPS efectivamente vence sin prórroga la próxima semana, ese contraste entre la velocidad de respuesta en un tema y la parálisis en el otro podría convertirse en el argumento central de la oposición para cuestionar las prioridades reales del oficialismo salvadoreño, en un electorado donde la migración y las remesas tocan, directa o indirectamente, a la inmensa mayoría de los hogares del país.
