El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, desmintió que las pandillas le hayan propuesto al Gobierno entablar un diálogo en el que se discuta su posible desarticulación, como ha informado un periódico digital.
“Las estructuras de pandillas no están ni siquiera considerando establecer cualquier tipo de diálogo con el Gobierno y mucho menos desarticularse”, aseguró Landaverde a periodistas.
Añadió que “sería una ingenuidad que nosotros consideráramos esa posibilidad y sería desconocer cómo están organizados, porque son estructuras cuya finalidad es organizarse para delinquir y obtener ingresos ilícitos”.
Agregó que esta supuesta iniciativa es una estrategia de grupos afines a las pandillas que buscan “establecer una agenda” a su favor en momentos en los que el Gobierno busca prorrogar las “medidas extraordinarias” de seguridad por un año más.
El periódico digital El Faro ha informado en las últimas semanas, citando fuentes anónimas, que la Mara Salvatrucha (MS13) y la facción Sureños del Barrio 18 pidieron al Gobierno entablar una mesa de diálogo para frenar la ola de violencia, que se cobró la vida de más de 5.000 personas en el 2016, y evitar una guerra abierta.
La mesa estaría formada de manera similar al multisectorial Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) y uno de los puntos a discutir sería la disolución de las pandillas.
La MS13, las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 y otras minoritarias son acusadas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con una tasa de 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Pese a mantener altos niveles de muertes violentas, más de 7 veces de lo que se considera epidemia a nivel internacional, en el 2016 los asesinatos se redujeron un 20,7 % respecto a 2015.
El Gobierno asegura que esta reducción se debió a las “medidas extraordinarias” de seguridad implementadas en el 2016, y cuyo componente penitenciario caduca el próximo 31 de marzo.
Estas incluyen el endurecimiento del régimen carcelario para las pandillas, la creación de un comando elite para dar caza a las columnas armadas en la zona rural y el despliegue de más militares.
Además de la reducción en homicidios, estas medidas han llevado a que el número de pandilleros muertos en tiroteos con las fuerzas de Seguridad se dispararan en un 111 % en el año recién terminado frente al 2015.
