Al cierre del plazo impuesto por la Asamblea Legislativa para recibir solicitudes de inscripción para optar al cargo de Fiscal General de la República, 74 abogados se habían acercado a la ventanilla de recepción del Órgano Legislativo para hacerlo.
Con semejante abanico de aspirantes la selección de candidatos a tan importante cargo se convertirá, ni más ni menos, que en un circo con el que alguien pretende ridiculizar la función patriótica a la que está llamado el Fiscal General de la República.
Si esa es la intención, pueden estar seguros de que eso no ocurrirá; los diputados que integran la subcomisión de análisis y preselección no se van a prestar a ese chiste de mal gusto. Se reirán en algunos casos, pero de ahí no pasarán y no es para menos.
Entre los solicitantes hay para todos los gustos; cuatro de ellos, por lo menos, asistieron a las últimas Ferias del Trabajo que patrocina el gobierno en demanda de un puesto como colaborador jurídico “sin pretensiones”; otro de ellos manifestó a un periodista que su decisión de competir por el cargo de Fiscal no tenía otra intención más que contar con una referencia curricular en su actividad profesional.
Sí vemos con preocupación que un juez, enfrentado con la Fiscalía por disentir en asuntos meramente formales de un requerimiento o de una interpretación, (caso del ex presidente Francisco Flores) esté siendo promocionado por Marcos Rodríguez, contradictorio responsable de la transparencia gubernamental o por un bloguero de quien se dice que es asesor de comunicaciones del alcalde Nayib Bukele.
Si este juez llegara, por sorpresas del destino, a ser electo Fiscal General de la República, conociendo actualmente el caso del ex mandatario Flores, de qué imparcialidad en la administración de justicia estaríamos hablando?
Eso es una muy mala señal; pareciera que se quiere debilitar a la institución fiscal en vez de fortalecerla como lo ha estado intentando su actual titular Luis Martínez; esperemos que no.
Otro caso que merece ser tomado en cuenta por la subcomisión de la Asamblea Legislativa mencionada es el de otro aspirante que en su solicitud hace constar que es Abogado de la República graduado en “La Nacional” cuando debió decir en la Universidad de El Salvador.
Dejamos aquí las particularidades porque de no hacerlo sería la de no terminar, no sin antes señalar que la inmensa mayoría de los abogados solicitantes no son conocidos fuera del ámbito de sus respetables hogares.
Sabemos, eso sí, que el circo durará muy poco; el tiempo es una cosa preciosa que no se puede perder en cosas absurdas como estrategias de esa naturaleza. Dentro de una semana la lista de 74 aspirantes habrá quedado reducida a cinco o seis o quizás a menos si la Honorable Corte Suprema de Justicia decide publicar la lista de los abogados denunciados en la sección de investigación profesional de ese Órgano o la de los jueces y magistrados que también han sido denunciados o investigados en la respectiva sección de investigación judicial de la CSJ. Eso ayudaría mucho a que los diputados no se hagan “bolas” en la delicada misión que se les ha impuesto y también de escarmiento a los pseudo profesionales que se prestan para esa maniobras.
De todas maneras, ¡Suerte a los que pasen a la final!
