Publicación de bienes de funcionarios públicos en El Salvador no forma parte de una política de Transparencia
La divulgación pública de los activos y pasivos de altos funcionarios salvadoreños comenzó oficialmente esta semana en El Salvador, pero la medida no surge de una política histórica de transparencia impulsada voluntariamente por el Estado, sino de compromisos adquiridos por el gobierno de Nayib Bukele dentro del acuerdo financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional.
El nuevo sistema, habilitado por el Ministerio de Hacienda, permite consultar información general sobre activos, pasivos y patrimonio de funcionarios públicos obligados a declarar bienes ante la Corte Suprema de Justicia.
La plataforma fue creada tras la aprobación de la Ley Anticorrupción en febrero de 2025, normativa aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo y vinculada directamente a las metas de gobernanza y transparencia pactadas con el FMI dentro del programa de financiamiento por 1,400 millones de dólares concedido al país.
El acuerdo con el organismo internacional incluyó explícitamente el compromiso de “promulgar una nueva Ley Anticorrupción” alineada con principios internacionales sobre declaración patrimonial y publicidad de bienes de altos funcionarios.
La publicación representa además la primera vez en siete años de gobierno que se divulgan oficialmente datos patrimoniales del presidente Bukele y otros altos cargos del Estado.
Hasta ahora, las declaraciones presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema permanecían bajo reserva o acceso restringido, situación que fue cuestionada durante años por organizaciones de transparencia, periodistas y sectores ciudadanos.
El nuevo registro permite búsquedas públicas por nombre, cargo e institución sin necesidad de registro previo, a diferencia de otros sistemas estatales relacionados con compras públicas y contrataciones gubernamentales.
Entre los funcionarios que ya aparecen en la plataforma figura el presidente Bukele, quien reporta activos por 4.56 millones de dólares y pasivos por poco más de 94,000 dólares, para un patrimonio neto de aproximadamente 4.46 millones.
También aparecen registros patrimoniales del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro; del presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía; y de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Roxana Soriano de Viaud.
Sin embargo, la apertura parcial de información patrimonial contrasta con las críticas acumuladas durante los últimos años sobre el progresivo debilitamiento del acceso a la información pública en El Salvador y el desmantelamiento funcional del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que el IAIP perdió independencia operativa tras reformas impulsadas durante la actual administración y posteriores nombramientos de comisionados señalados de responder políticamente al oficialismo.
A partir de 2020 comenzaron además a ampliarse las reservas de información pública en distintas instituciones estatales, incluyendo contratos, gastos gubernamentales, compras públicas y declaraciones patrimoniales.
Ese mismo año, el IAIP avaló criterios que clasificaron como confidenciales las adendas patrimoniales de funcionarios públicos, restringiendo el acceso ciudadano a información históricamente considerada pública.
Antes de esas restricciones, entre 2015 y 2016, las declaraciones patrimoniales completas de altos funcionarios —incluyendo anexos y adendas— podían ser consultadas públicamente en procesos impulsados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema.
Organizaciones dedicadas a transparencia consideran que la nueva plataforma representa un avance parcial, aunque insuficiente frente al volumen de información estatal actualmente bajo reserva.
Sectores críticos señalan además que la apertura patrimonial se produjo únicamente después de las exigencias establecidas por el FMI dentro del acuerdo financiero alcanzado con el gobierno salvadoreño y no como resultado de una política sostenida de fortalecimiento institucional y acceso ciudadano a la información pública.
La Ley Anticorrupción establece que funcionarios y empleados públicos deberán presentar anualmente informes jurados de activos y pasivos junto con sus declaraciones tributarias, incluyendo información patrimonial de cónyuges e hijos.
La normativa también contempla sanciones de destitución inmediata para quienes incumplan la obligación de declarar o presenten información falsa.
No obstante, especialistas en transparencia advierten que la efectividad real del sistema dependerá de la capacidad de verificación independiente, acceso amplio a documentos complementarios y funcionamiento autónomo de los organismos de control estatal, aspectos que continúan siendo objeto de cuestionamiento dentro y fuera de El Salvador.
