Por Mauricio Eduardo Colorado
En diciembre de 2011 se decretó la ley de Ética Gubernamental, cuyo principal propósito era regular la transparencia de la actividad gubernamental, y especialmente combatir la corrupción dentro del ambiente gubernamental, investigar conductas sospechosas, e imponer sanciones a quienes resultaren responsables de actividades contrarias a la ética.
Se creó un tribunal que conocería de los casos que fueren denunciados, y la cosa comenzó a funcionar, mal que bien, pero se inició una nueva etapa de desarrollo de la actividad contralora de los empleados y funcionarios de gobierno, como una herramienta para combatir, reducir y de ser posible eliminar, las prácticas corruptas de algunos funcionarios.
Recuerdo que uno de los primeros casos de relevancia que conoció el flamante tribunal, fue el caso del ex Presidente Funes, a quien se le denunció, por viajar en aviones privados a destinos diversos fuera del país, en viajes de placer, o de descanso, pero no en misiones oficiales.
La publicación en las redes sociales de fotografías del entonces presidente, acompañado de su familia, abordando el avión, llamó la atención del público, ya que por lo general, quien ofrece estos privilegios a los altos funcionarios, casi con seguridad pasan la cuenta por medio de favores y privilegios que en forma sutil no le cuestan dinero a la nación, pero si concesiones que muchas veces resultan más caros que lo que hubiere costado pagar por los servicios prestados.
Hasta la fecha, desconozco si el Tribunal de Ética ha aplicado la ley en casos de importancia, pero lo cierto es que hasta el momento no se conoce que dicha institución haya impedido o sancionado alguna actitud en beneficio de los salvadoreños; más bien, se conocen resoluciones dadas por esta autoridad, que lejos de corregir o evitar actos importantes que sugieran corrupción, por el contrario denotan que en los casos importantes, ha sido inoperante. Y lo anterior ha ocurrido pese a que los funcionarios que ejercen la titularidad de los cargos, se han destacado en el pasado por su rectitud en la aplicación de las leyes.
Pero en la actualidad se ha sabido que un alto funcionario del órgano legislativo, en asocio con uno de los asesores nombrados en tal órgano, han tenido negocios particulares con entidades públicas que califican dentro de los casos a los que la ley se refiere, ¡SORPRENDASE MI AMIGO LECTOR!, el tribunal ha declinado conocer sobre el mismo, poniendo razones o más bien excusas que deslegitiman su naturaleza y funciones de proteger a la comunidad.
Como si lo anterior no tuviere importancia, y posiblemente debido a que los casos que provocan duda sobre su legitimidad y honradez, se conocen por razón del periodismo investigativo, y la publicación en los diferentes medios de comunicación, se aprecian dentro del gobierno central maniobras que nos inducen a pensar que más temprano que tarde, tendremos una represión contra los medios, que de llevarse a cabo, nos reflejaría ante el concierto de naciones, como otro gobierno autoritario, que solamente permite las noticias que le favorecen.
El pueblo salvadoreño debe permanecer alerta, porque tenemos el ejemplo de otros países gobernados por ideologías afines al gobierno actual, que comprueban que la libertad de expresión del pensamiento, es cada vez más teórica y menos práctica en la realidad. Todos conocemos que en esos países, se ofrece cárcel a quien disiente del pensamiento oficial y lo expresa sin tapujos. Si los mismos alzados en armas declaran como un triunfo de la guerra civil haber conseguido un buen grado de libertad de expresión, no nos explicamos como ahora que detentan el poder, quieren imponer principios atentatorios a las libertades ciudadanas. Dios salve a El Salvador de caer en una situación semejante.
