La agencia calificadora de riesgo, Fitch Ratings, mantuvo a El Salvador sin cambio en su calificación de riesgo “CC”, luego que el Gobierno de Nayib Bukele completara el polémico pago de $800 millones de bonos europeos.
En un comunicado emitido el jueves, la agencia indicó que su decisión se basa en que el Gobierno aún enfrenta presiones fiscales y un restringido acceso al mercado, en medio de fuertes necesidades de financiamiento, por lo que no descarta “algún tipo de incumplimiento dentro del horizonte de calificaciones”.
El Gobierno completó un polémico pago de bonos el 24 de enero de 2023, una operación que no fue considerada como «juego limpio».
«La calificación ‘CC’ de El Salvador refleja la opinión de Fitch de que las posiciones de liquidez fiscal y externa ajustadas de El Salvador y el acceso al mercado extremadamente restringido en medio de las altas necesidades de financiamiento fiscal hacen probable algún tipo de incumplimiento dentro del horizonte de calificación», indica el comunicado.
Fitch destaca que «las tasas implícitas en el mercado externo siguen siendo prohibitivamente altas, lo que hace que el gobierno dependa de la deuda interna a corto plazo (LETES y CETES). Los riesgos de refinanciación son significativos, ya que el apetito y la capacidad de los bancos para ampliar sus tenencias de deuda a corto plazo son cada vez más limitados».
“Los riesgos de refinanciación son significativos, ya que el apetito y la capacidad de los bancos para ampliar sus tenencias de deuda a corto plazo son cada vez más limitados”, añade la calificadora, a la vez que recordó que los principales financistas del Gobierno salvadoreño son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Según Fitch Ratings, el canje de la deuda contemplado en la reforma al sistema de pensiones, aprobada en diciembre de 2022 por una Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, podría “equivaler a un incumplimiento de acuerdo con los criterios de calificación soberana de Fitch”.
La reforma establece que los Certificados de Inversión Previsional (CIP), emitidos por el Gobierno para financiar las obligaciones pendientes del anterior sistema público, se canjearán por Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Sin embargo, alerta la agencia, el Ministerio de Hacienda no ha revelado los términos ni condiciones de los CFT.
“Las modificaciones a los términos de CIP a través de este intercambio, incluidas las extensiones de vencimiento o período de gracia, podrían equivaler a un incumplimiento”, recordó la agencia.
