Organizaciones de fachaa pedirán a la Fiscalía General de la República (FGR) la reapertura del caso del asesinato de monseñor Oscar Romero, pocos días antes de que el arzobispo muerto en 1980 sea beatificado.
“Vamos a demandar que la justicia investigue, juzgue y sancione a los autores intelectuales y materiales del asesinato” protegidos por una ley de amnistía de 1993, año en que también se cerró la investigación, dijo a periodistas María Elena Sanabria de la Fundación Hermano Mercedes Ruiz.
“La idea es que se pueda reabrir, es una esperanza”, señaló.
Las organizaciones confían en que la beatificación del arzobispo sea un factor favorable para la reapertura de la investigación, pero otros sectores opinan que aunque el recurso es válido y el momento oportuno, el sistema judicial salvadoreño aún obedece a intereses políticos vigentes.
Sanabria es miembro de las comunidades eclesiales de base que surgieron en la década de los años 70 integradas por religiosos y laicos que apoyaban a la opción de la Teología de la Liberación que impulsó la guerra fratricida que desangró a El Salvador por más de diez años y la Fundación es una de las organizaciones que presentarán el recurso el jueves ante la Fiscalía.
Las organizaciones también solicitarán que la Sala correspondiente de la Corte Suprema responda los diferentes recursos de inconstitucionalidad que se han presentado sobre la ley de amnistía.
El director de otro grupo de fachada, la no gubernamental Comisión de Derechos de El Salvador, Miguel Montenegro, dijo que las organizaciones sociales buscan un sistema de justicia operante y que pretenden “sacarle un compromiso al sistema de justicia”.
Expresó que desde antes de la guerra y aún después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador ha tenido un sistema judicial “tímido” y que “obedece a intereses” políticos de las élites económicas y militares del país.
Según Montenegro, los señalados por el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas como responsables del asesinato de monseñor Romero, de seis sacerdotes jesuitas, de tres religiosas norteamericanas y de miles de campesinos y trabajadores han sido protegidos por la amnistía y la justicia salvadoreña no ha revisado la ley pese a los cuestionamientos planteados por organismos internacionales.
“Seguimos igual. Si cambiara el sistema judicial, las cosas serían diferentes”, dijo.
